Elena Candia y el PP de Lugo analizan los informes sobre 27 contratos prorrogados y las irregularidades en la gestión municipal

Falta de colaboración con intervención.  El informe resalta, en primer lugar, la falta de colaboración por parte del departamento de intervención, al que se le recuerda que su obligación es actuar conforme a la ley. Cuando esta colaboración no se produce, el responsable de cada área debe adoptar las medidas correctoras necesarias, lo que no ha ocurrido hasta ahora, pese a los numerosos reparos formulados en relación con la gestión de los contratos.

Contratos sin regularizar desde 2012

En segundo lugar, se señala que existen prestaciones pendientes desde años como 2012, 2018 y 2019, que no han sido regularizadas ni sometidas a los trámites pertinentes. Esta falta de acción es especialmente grave en áreas como Medio Ambiente, Infraestructuras e Informática, donde la inacción está comprometiendo la correcta ejecución de los servicios.

Incumplimiento de los principios de contratación pública

En tercer lugar, se recuerda a los responsables del Concello los principios fundamentales que rigen la contratación pública: libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia en los procedimientos, y no discriminación ni trato desigual entre licitadores. Estos principios no solo buscan garantizar la estabilidad presupuestaria y el control del gasto, sino también la integridad de los fondos públicos. La falta de cumplimiento de estas normativas afecta directamente a la situación económica del Concello, ya que muchos de los contratos caducados siguen siendo facturados, sin que haya la posibilidad de que otros licitadores accedan a estos contratos, lo que impide la posibilidad de ajustar los precios.

Reparos por omisión de trámites esenciales

Además, el informe advierte que estas facturas están siendo objeto de reparos debido a la omisión de requisitos o trámites esenciales en los expedientes. A pesar de que se han emitido decretos de resolución de discrepancias, no se han tomado medidas efectivas para resolver esta problemática.

Responsabilidades legales y consecuencias

Finalmente, los servicios municipales alertan sobre las consecuencias legales que pueden derivarse de estas acciones u omisiones. En particular, se hace referencia a la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) que establece la responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de las administraciones públicas por daños causados a terceros, así como la responsabilidad disciplinaria para los empleados públicos implicados. Igualmente, se recuerda que los miembros de las corporaciones locales están sujetos a responsabilidades civiles y penales, tal y como establece la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local (LRBRL).