Ecoloxistas en Acción pide al Estado y a la Xunta que recurra la explotación privada de una isla y un faro en la costa de Lugo

Esta organización asegura que la prórroga para explotar una cafetería y apartamentos turísticos en Illa Pancha, en el municipio de Ribadeo, fue tramitada sin el correspondiente estudio de impacto ambiental

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Ramudo

La organización ecologista sostiene que la prórroga de la concesión se hizo sin el necesario estudio de impacto ambiental

José Luis Ramudo

Lugo - Publicado el - Actualizado

2 min lectura

El colectivo Ecoloxistas en Acción, junto con la asociación vecinal Por Nuestro Faro, le solicita tanto a la Consellería de Medio Ambiente como a Puertos del Estado que recurran la prórroga para la explotación privada de la Illa Pancha, en el municipio lucense de Ribadeo, al considerar que dicho trámite no fue realizado de forma correcta.

De hecho, la asociación ecologista denuncia en un comunicado que la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao tomó el acuerdo de prorrogar la concesión del faro y los anexos de la Illa Pancha, “para su explotación privada como apartamentos  turísticos y cafetería, sin la pertinente evaluación de impacto ambiental, a pesar de que es un espacio de la Red Natura 2000”.

En ese mismo sentido, recuerda que “la Oficina del Defensor del Pueblo se pronunció repetidamente sobre diferentes irregularidades en la tramitación de los proyectos de apartamentos turísticos y cafetería en la Illa Pancha de Ribadeo”, especialmente en lo relativo “a la carencia de ese estudio de impacto ambiental para ambos proyectos”, de acuerdo con la normativa vigente en relación con espacios incluidos en la Red Natura 2000.

La organización ecologista dice que falta el estudio de impacto ambiental

Al tratarse de los “órganos competentes”, Ecoloxistas en Acción les ha solicitado a Puertos del Estado y a la Consellería de Medio Ambiente que recurran la prórroga de la explotación de la Illa Pancha y exijan la realización del citado “estudio de impacto ambiental, de acuerdo con la normativa vigente a nivel de la Unión Europea, del Estado español y de la Xunta de Galicia.

Esperamos que tanto Puertos del Estado como la Xunta de Galicia no desatiendan nuestra solicitud, ya que, según le notificó el Defensor del Pueblo a la asociación Polo noso Faro, después de diferentes interpretaciones, ambos organismos reconocieron y aceptaron sus sugerencias respecto a la obligación de un estudio de impacto ambiental”, concluye la organización ecologista. 

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