Aplazado el juicio a una red acusada de estafar desde Lugo a 37 personas en la venta coches de alta gama

La Audiencia Provincial de Lugo ha suspendido el juicio previsto para este martes contra nueve personas por su presunta implicación en una trama de estafa en la venta de coches de importación de alta gama. El motivo ha sido la incomparecencia de uno de los acusados, lo que ha llevado al aplazamiento de la vista oral a petición del fiscal. La red, que operaba desde la localidad de Sarria, habría estafado a más de una treintena de personas en todo el territorio nacional.

Pese a que en la sala habían comparecido los otros ocho acusados, junto a sus abogados defensores y los letrados de la acusación particular en representación de las víctimas, la ausencia de uno de los procesados ha sido determinante para que la sala aceptara la solicitud de la Fiscalía y decidiera posponer el juicio.

Una estafa de 400.000 euros

Según el escrito de la Fiscalía, un total de 37 personas fueron estafadas en diferentes puntos de España, y el importe total del dinero defraudado por la organización asciende a 403.699 euros. El ministerio público solicita para los acusados penas que suman 69 años de cárcel por los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa continuada y blanqueo de capitales.

Las penas solicitadas varían según el grado de implicación. Para los dos supuestos cabecillas, que actuaban “como elemento de unión con los demás integrantes” y coordinaban “su actividad”, el fiscal pide 13 y 12 años de cárcel. Para los colaboradores que habrían cedido sus cuentas bancarias para mover el dinero, la solicitud es de dos años de reclusión. Además, se enfrentan a multas que, en total, suman más de 100.000 euros.

Así actuaba la red

La investigación sostiene que seis de los nueve acusados formaron, entre los años 2014 y 2016, “una estructura perfectamente ordenada, estructurada y permanente en el tiempo”. El objetivo era “cometer delitos contra el patrimonio” en “todo el territorio nacional”, convirtiendo esta actividad en su “único medio de vida y de subsistencia”.

Para captar a sus víctimas, publicaban anuncios en un conocido portal de venta de segunda mano y en páginas web propias. En ellos, ofertaban “falsamente” vehículos “de importación de alta gama”, con “la deliberada intención de no proceder a su entrega a los compradores”.

El grupo “ofrecía datos que daban confianza a las víctimas”, enviando imágenes de los coches, contratos de compraventa e instrucciones de pago a través de conversaciones telefónicas o WhatsApp. De este modo, lograban que “los compradores realizasen el pago de parte o de la totalidad del precio pactado por el vehículo que creían que estaban adquiriendo”, ya fuera “mediante ingreso en cuenta bancaria” o “en metálico”.

Sin embargo, tal como describe la Fiscalía, “los coches comprados nunca llegaban a los clientes o bien presentaban unas características notablemente diferentes a las pactadas”. Una vez recibido el pago, las cantidades eran “retiradas de la cuenta de forma inmediata” mediante transferencias a otras cuentas o retiradas de efectivo en cajeros.

Para evitar ser “identificados por la Policía Judicial como delincuentes habituales, los integrantes de esta estructura nunca actuaban todos juntos, sino que lo hacían en diferentes grupos, con diferentes funciones”. Esta estrategia de ocultación llevó incluso a que “los líderes de la organización tuvieron que cambiar de residencia” y abandonar Sarria para instalarse en Alcázar de San Juan.