El expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, Francisco Fernández Liñares, que hoy se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo para responder por los delitos de soborno y prevaricación cuando estaba al frente del organismo de cuenca, negó hoy en la vista oral haber recibido dinero por la adjudicación de obras a determinadas empresas.

Fernández Liñares, que solo aceptó contestar a preguntas de su abogado, Evaristo Nogueira, dijo que es “absolutamente falso” que alguna vez hubiese cobrado sobornos a cambio de la adjudicación de obras contratadas por el organismo de cuenca, además de precisar que él no era el encargado de esos procesos en la Confederación Hidrográfica.

“En mi despacho nunca hubo un expediente de obras”, dijo Liñares, quien también aseguró que “nunca” llegó a custodiar ningún documento relacionado con los contratos que formalizaba la propia Confederación.

“Yo no estaba para nada en el tema de contratación”, insistió.

Además, recordó que en esos procesos de contratación, para garantizar el “buen funcionamiento” de la CHMS, se incluyó la presencia del “Abogado del Estado y del interventor de Hacienda”.

También dijo desconocer si realmente existían acuerdos previos entre las empresas que optaban a esos concursos para repartirse los contratos de la CHMS, aunque dijo que no extrañaría.

“No me extraña nada que las empresas tuviesen acuerdos previos”, dijo a preguntas de su abogado, algo que a su juicio es posible “por la derivada no querida de la publicidad” que había que darle “a los contratos públicos”.

“No lo sé, pero sospecho que podía haber ciertos convenios entre ellos”, añadió, aunque “lo desconozco”.

LOS OTROS IMPUTADOS RECONOCEN LOS SOBORNOS

En la primera jornada del juicio prestaron declaración los demás imputados en la causa, nueve en total, algunos de los cuáles, según informaron a Cope Lugo fuentes jurídicas, ya han llegado a acuerdos previos con la Fiscalía a cambio de reconocer los hechos.

La mayoría de ellos reconoció haberle pagado a Fernández Liñares cantidades en metálico a cambio de la concesión de obras. Algunos incluso reconocieron en la vista oral que buscaron a otras empresas para amañar los concursos y asegurarse el contrato.

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Alguno de los empresarios procesados afirmó que fue Fernández Liñares quien le pidió el dinero, pero otros afirmaron que se lo entregaron a modo de gratificación por hacerse con los contratos. Cantidades que oscilaban, según su testimonio, entre 15.000 y 25.000 euros.

Otro de los imputados aseguró que él mismo le entregó un sobre con dinero “en mano”.

LAS DECLARACIONES FUERON DECLARADAS NULAS

En el momento de las cuestiones previas, la Audiencia Provincial de Lugo acordó “la nulidad” de las declaraciones efectuadas por Fernández Liñares después del 23 de septiembre de 2011 , aunque no las actuaciones previas ni los demás “actos procesales” que figuran en la causa contra él por prevaricación y cohecho.

El abogado que se ocupa de la defensa Fernández Liñares había solicitado “la nulidad de absolutamente todo el proceso” al considerar que su patrocinado estuvo “privado de libertad de forma irregular”.

El letrado Evaristo Nogueira dijo “todas las declaraciones” realizadas por Fernández Liñares ante la jueza instructora “fueron realizadas en una situación de privación de libertad irregular”.

De hecho, afirmó que su patrocinado “declaró cuatro veces”, la primera de ellas “sobrepasado, y no por poco, el límite de 72 horas” establecido por la ley para “una detención judicial”.

Desde su punto de vista, se ha producido “un atentado contra el derecho a la libertad”, porque no ha existido “una resolución judicial amparada en derecho” para enviarlo a prisión, de donde salió por orden de la propia Audiencia Provincial.

“En un proceso penal hay unas líneas rojas que no se pueden traspasar. Aquí se han traspasado”, dijo Nogueira, porque “no es igual declarar en situación de libertad” que privado de ella “en un centro penitenciario”.

“No es lo mismo declarar de una forma que de la otra”, añadió el letrado, quien también precisó que “no todo vale”.

En cuanto a las condiciones en las que prestó declaración después de haber sido detenido, el propio Fernández Liñares sistió en que fue sometido a “presiones” por parte de Vigilancia Aduanera, además de afirmar que “se encontraba muy mal”, a causa de la diabetes y de la tensión nerviosa, hasta el punto de que se creyó las “amenazas” de que iban a “tirarle la casa” si no confesaba.

Finalmente, la sala declaró la nulidad de las declaraciones efectuadas por Fernández Liñares una vez superado el período máximo de detención.

En todo caso, no queda anulado”lo actuado anteriormente” en la causa ni tampoco los demás “actos procesales” que figuran en el procedimiento.

CINCO AÑOS DE CÁRCEL

La Fiscalía sostiene en su escrito de acusación que Fernández Liñares se aprovechó de su cargo como concejal, entre los años 1999 y 2008 para “tejer una red de intereses económicos, concediendo contratos, puestos de trabajo o bien la gestión de servicios públicos a entidades en las que el acusado estaba interesado”, a cambio “de sobornos o de cantidades periódicas con las que incrementó notablemente su patrimonio”.

Sin embargo, el ministerio público también aclara que las “irregularidades” cometidas durante “su mandato como concejal” no “son objeto de investigación” en el procedimiento que será juzgado a partir de mañana en la Audiencia Provincial de Lugo, dado que se centra en los supuestos “actos delictivos” cometidos durante el “período de tiempo en el que el sospechoso ejerció” como presidente de la CHMS, concretamente entre los años 2009 y 2012.

Desde su cargo como presidente de la CHMS, Fernández Liñares siguió con las mismas prácticas que había desarrollado en sus años como edil del Ayuntamiento de Lugo, en el gobierno municipal que presidía José López Orozco, de modo que, según las conclusiones del ministerio público, aprovechó su puesto para adjudicar contratos a cambio de dinero o favores.

La Fiscalía mantiene que el sospechoso utilizó el procedimiento negociado, previsto para contratos con un importe inferior a un millón de euros, para tejer una trama con varios empresarios, que simulaban presentar ofertas cuando, en realidad, se repartían entre ellos las adjudicaciones, que suman unos cuarenta contratos en los años que Fernández Liñares estuvo al frente del CHMS.

En el proceso, de hecho, figuran otros nueve procesados -diez en total- para quienes el ministerio fiscal solicitaba inicialmente la misma pena de cárcel.