Finaliza la negociación entre el comité y Alcoa, que insiste en la parada de las cubas en San Cibrao

El comité de empresa ha informado de que este jueves han finalizado las negociaciones con la dirección de Alcoa, en las que también han estado presentes la Xunta de Galicia y el Gobierno de España, con una propuesta por parte de la compañía que insiste en parar las cubas de electrolisis durante dos años y que será sometida a referéndum entre los miembros de la plantilla “en los próximos días”.

La propuesta de acuerdo contempla que “Alcoa se compromete a trabajar con 8 suministradores de energía con los que ya está en contacto, para alcanzar acuerdos a medio y largo plazo (PPAs), que entrarían en vigor a partir del 2024 y tendrían una vigencia a 10 años”, según ha informado el comité de empresa.

Asimismo, accedería a la creación de una mesa de seguimiento del acuerdo y de las inversiones pactadas, formada por el comité de empresa -dos miembros por sindicato-, la Xunta de Galicia y el Gobierno de España, que se reunirá con frecuencia mensual los seis primeros meses y de manera trimestral pasado ese medio año.

En cuanto a los planes para 2022 y 2023, Alcoa ofrece “garantía de facturación” para las auxiliares durante los dos primeros años, con contratos garantizados a tres anualidades (de 2022 a 2024) para aquellas empresas externas directamente afectadas por el cese temporal. De hecho, informa de que “se prevé que las inversiones programadas y otros servicios generen la necesidad de prestación de servicios” por parte de “de dichas auxiliares”.

La multinacional no accedió, en cambio, a introducir una cláusula que garantice que esas empresas no ejecutarán ERES ni ERTES durante este periodo, “alegando que no están dispuestos a coartar la capacidad organizativa de las mismas”, precisa el comité.

Otro de los compromisos tiene que ver con la “preferencia de contratación” por parte de Alcoa “para las empresas de suministros y transportistas locales”.

Inversiones

Con respecto a las inversiones previstas para los dos primeros años, prevé 42 millones de euros para “transporte y carga, paso a gas y reconstrucción de horno de cocción para ánodo grande”; 6 millones de euros para “un transformador nuevo (TRG) con ajustador de tensión, diseñado para 200.000 amperios”; la adquisición de un horno de homogeneizado, valorado en 3 millones de euros, y de barras de compensación magnética, por un importe de doce millones.

Entre los gastos previstos figuran otros cinco millones de euros para la instalación de cuatro nuevas mesas de colada para la fabricación de tochos de aluminio.

Por otra parte, la multinacional se compromete a efectuar un depósito bancario por importe de 103 millones de euros, resultado de la suma de “las inversiones comprometidas y coste del rearranque” de las instalaciones, a disposición de Aluminio Español S.L. y cuya gestión sería compartida con el comité de empresa, bajo la fiscalización de las administraciones.

Según la propuesta, “con carácter mensual se irían liberando los importes justificados de las inversiones que se fueran ejecutando, siempre con el consentimiento del comité, quedando el restante a disposición de un tercero en caso de incumplimiento”.

Cese temporal de dos años

A cambio, los trabajadores deben aceptar “el cese temporal con parada programada de la actividad durante dos años en Electrolisis y Electrodos a partir del 1 de enero de 2022”, con finalización del proceso en 3 semanas.

El rearranque al 100% (actualmente en el 85%) de la actividad se produciría a partir del 1 de enero de 2024, con una estimación de 6 meses para el reinicio de la actividad y una reserva de 35 millones de euros para realizar las operaciones necesarias.

Seguirá la actividad en Fundición y en la Planta de Alúmina, para lo que la compañía ha facilitado el plan comercial durante estos años, a razón de 65.000 toneladas anuales de tocho y previsión de venta de 25.000 toneladas anuales de placa de aluminio.

De ese modo, “los compromisos con los clientes no se verían afectados. Alcoa optimizaría la refusión del aluminio primario producido durante el periodo de huelga, así como el de otros suministradores”.

Con respecto a la balsa de lodos rojos, Alcoa insiste en que la primera fase del proyecto, con una ampliación del depósito hasta 2027, está aprobada y presentada a trámite ante la Xunta. Reconoce, en todo caso, que “no está aprobada ni presentada la segunda fase, con el proyecto hasta el 2032”.

Situación de los trabajadores

Durante este período, los trabajadores afectados seguirán su calendario habitual, aclara el comité, de modo que “la dirección de planta indicará las tareas a realizar, incluyendo formación, sustituciones o actividades de mantenimiento y limpieza de instalaciones”.

“En caso de ausencia de trabajo se facilitará permiso retribuido por el periodo correspondiente”, precisa.

El acuerdo también contempla la contratación de a fecha 1 de enero de 2023 de todos los trabajadores temporales que durante el año 2021 “hubiesen tenido un contrato de puesta a disposición”.

Otra de las claves de la propuesta es el compromiso por parte de la empresa de que no realizará ningún tipo de proceso de despido colectivo durante cuatro años, hasta el 31 de diciembre de 2025, además de darle luz verde a un nuevo convenio colectivo con vigencia de seis años -de 2020 a 2025-.

Paz social

La compañía también hace constar que cualquier posibilidad de acuerdo pasa por el levantamiento de la huelga indefinida, que ha provocado que se acumulen en las instalaciones de San Cibrao decenas de miles de toneladas de aluminio, y por paz social durante el período de vigencia del mismo.

Por su parte, “la Xunta se compromete a agilizar el proyecto de la DBR presentado por Alcoa en caso de que cumpla los requisitos jurídicos y medioambientales, así como facilitar la tramitación de los proyectos energéticos ligados a las PPAs bajo su competencia (proyectos energéticos por debajo de los 50 MW)”.

También, compromete “el apoyo y ayudas a los proyectos de inversión bajo su competencia industrial, específicamente proyectos de eficiencia energética e innovación para grandes empresas, a razón del 30% de la cuantía del proyecto”.

El Gobierno central, por su parte, “ofrece apoyo y ayudas a los proyectos de inversión bajo sus competencias industriales y energéticas, de manera que se incrementaría el importe actualmente comprometido para las inversiones”.

Este incremento en el importe destinado a las inversiones, estaría vinculado a un plan de incremento de intensidad, así como a proyectos de mejora de la productividad, eficiencia energética y competitividad de la planta.

Firmado "urgentemente"

El acuerdo debería ser firmado “urgentemente, por exigencia de la compañía, no más tarde del 29 de diciembre de 2021.

Por ello, el comité de empresa ha convocado una asamblea general para este lunes -27 de diciembre-, en el Hórreo, dentro de la propia fábrica, a la que espera la “máxima afluencia de trabajadores” para tomar las decisiones correspondientes.