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Concluye sin acuerdo la reunión entre Alcoa y el comité para la suspensión de la huelga

La multinacional asegura que "exigencias adicionales" imposibilitaron el entendimiento

Concluye sin acuerdo la reunión entre Alcoa y el comité para la suspensión de la huelga
Ramudo

Lugo

Tiempo de lectura: 4'Actualizado 20:17

La reunión telemática que esta tarde mantuvieron representantes del comité de empresa con la dirección de Alcoa terminó sin que se cerrase un acuerdo entre las partes para suspender la huelga indefinida que comenzó en el complejo industrial a principios de octubre y que, según cálculos de la multinacional, ha provocado ya pérdidas por un importe superior a los diez millones de euros.

Tras la reunión, Alcoa afirmó que el acuerdo para la desconvocatoria de la huelga, como paso previo al reinicio de las negociaciones con la SEPI para la venta de la fábrica de aluminio primario, no fue posible por “exigencias adicionales” de la representación de los trabajadores, pero el comité no cerró la puerta a un posible entendimiento después de que la multinacional se hubiese movido de su posición inicial “en algunos puntos”

En todo caso, ante la falta de acuerdo, representantes del comité de empresa, encabezados por su presidente, José Antonio Zan, anunciaron que ha que quedado suspendida la asamblea de trabajadores convocada para mañana, precisamente para informar a la plantilla de los avances en las negociaciones y tomar decisiones de cara a conseguir la “paz social” demandada por parte de Alcoa.

El comité espera convocar de nuevo esa asamblea cuando las negociaciones estén más avanzadas con la compañía, dado que, a pesar de que no se cerró un acuerdo, José Antonio Zan reconoció que al menos la multinacional se había movido “en algunos puntos”.

Con respecto a esos avances, afirmó que Alcoa aceptó y reconoció que tiene que incorporar a los trabajadores temporales a la plantilla de personal del complejo, en virtud de un acuerdo del año 2019, algo que ya tenía que haber sucedido “desde el 31 de diciembre”.

Con respecto a la “paz social”, aclaró que el comité valora una posible suspensión de la huelga dentro “de un proceso de venta” de la fábrica de aluminio primario.

“Nosotros creemos que lo primero que tiene que hacer -Alcoa- es sentar a la Sepi en esta negociación”, precisó Zan, porque se está “hablando de un tercero”, que es quien tiene que formalizar el proceso de compra de la fábrica y “que no nos ha dado su opinión”.

A su juicio, “esa opinión es muy importante, porque aquí se están marcando unos plazos”, dado que Alcoa “dice que pueden llegar a nueve meses”, cuando el comité propone “una suspensión de la huelga y una paz social durante siete semanas”, precisamente para “buscar una solución” que asegure la producción y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Paz social y proceso venta

“Queremos un acuerdo que dé paz social y normalidad a la fábrica, pero tiene que venir dentro de un proceso de venta, en el que la Sepi tiene que opinar. Por eso vamos a consultar al Gobierno para ver cómo ve estas propuestas”, precisó Zan.

Además, entre otras condiciones, el comité también le pide a Alcoa que contrate “al personal necesario para realizar el mantenimiento de las instalaciones, poniendo como ejemplo enero de 2020”, porque no tendría “sentido” que se llegase a un acuerdo de venta y que la fábrica “se caiga” por esa “falta de mantenimiento”.

En ese sentido, también incide en la necesidad de “reactivar el rebrascaje de las cubas” -una reparación de las mismas cuando llegan al final de su vida útil- y su “rearranque” a partir de ahora.

Recordó que las instalaciones tienen que estar preparadas para funcionar si alguien las compra, de modo que hay que realizar “el rebrascaje de las cubas que se vayan parando a partir de ahora” y es necesario “ese personal mínimo para mantener las instalaciones”.

José Antonio Zan precisó que las “series electrolíticas” entraron “en nivel amarillo de peligro cuando por falta de personal se dejó de atender a las cubas, y eso le costó el puesto a un jefe de planta”.

El presidente del comité precisó que “Alcoa supedita cualquier negociación a que el comité de empresa y los trabajadores acepten esa paz social y la desconvocatoria de huelga”, paso que la representación de la plantilla no descarta “si las instalaciones están bien”, si se cumplen “los tiempos” y si la “Sepi da el visto bueno para seguir adelante”.

“Exigencias adicionales”

Por su parte, Alcoa ha informado de que en la reunión que han mantenido hoy sus representantes con el comité de empresa de San Cibrao, la compañía ha “explicado su disposición a explorar de nuevo la venta de la planta de aluminio de San Cibrao a la SEPI”, pero no fue posible llegar a un acuerdo con la representación de los trabajadores por sus “exigencias adicionales”.

Fuentes de la multinacional precisaron a Cope Lugo que esa disposición a negociar la venta de la planta de aluminio a la SEPI, “tal y como han venido demandando el Gobierno y los representantes de los trabajadores”, solo se hará efectiva “en la medida en que la huelga” indefinida en el complejo industrial, que comenzó a principios de octubre, sea desconvocada.

“Sin embargo, la compañía lamenta no haber logrado alcanzar un acuerdo” en la reunión de esta tarde”, debido a “las exigencias adicionales planteadas por la representación de los trabajadores, que Alcoa no ha podido aceptar”, precisan esas mismas fuentes de la multinacional.

En la misma línea, insisten en que “Alcoa siempre ha actuado de buena fe y está comprometida con el diálogo y con la transparencia, para alcanzar el mejor acuerdo posible”.

Un acuerdo, asegura, para “hacer frente a la situación insostenible de la planta de aluminio primario de San Cibrao”.

Las conversaciones entre el comité y Alcoa se han retomado después de dos decisiones judiciales contrarias a las intenciones de la multinacional.

Por una parte, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) le prohibió a la multinacional de forma cautelar apagar las cubas de electrolisis de la planta de aluminio primario, una línea roja a la que el comité siempre se opuso, al considerar que supondría “matar el corazón de la fábrica”.

Posteriormente, El TSXG declaró nulo el proceso de despido colectivo iniciado por la empresa y que afectaba a 524 trabajadores de la planta de aluminio primario de San Cibrao, una resolución motivada por el hecho de que los magistrados apreciaron “mala fe en las negociaciones” por parte de la empresa.

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