La defensa del que fuera inspector jefe de la Brigada de Extranjería de Lugo entre los años 2004 y 2010 ha confirmado que solicitará la libre absolución de su patrocinado, jubilado desde hace once años, en el juicio que comenzó este martes en la Audiencia Provincial de Lugo por una de las piezas derivadas de la llamada Operación Carioca.

El antiguo inspector jefe se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial para responder por dos delitos de falsedad documental, concretamente por tramitar las prórrogas de estancia en España de dos ciudadanas brasileñas, en los años 2006 y 2009, con información supuestamente “falsa”.

Además del inspector jefe, también está siendo juzgado en la Audiencia un funcionario adscrito a la misma brigada, que también ejercía como abogado, en su caso por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y uso de secretos o información privilegiada.

El fiscal pide para el fuera inspector jefe nueve años de cárcel -cuatro y medio por cada uno de los delitos-, una multa de 36.000 euros y su inhabilitación para ejercer como cargo público durante siete años.

En cuanto al funcionario, pide una multa de 27.000 euros y su inhabilitación para empleo o cargo público por un tiempo de dos años por el delito de negociaciones prohibidas; y otros tres años de inhabilitación por el uso de información privilegiada.

El ministerio fiscal reconoce en ambos casos la atenuante de dilaciones indebidas.

Acusación

Con respecto al inspector jefe, el fiscal considera que “consciente de la falta de aportación de cualquier clase de documentación acreditativa y sin llevar a cabo ningún tipo de comprobación”, faltó “deliberadamente a la verdad” a la hora de tramitar los correspondientes informes.

En cuanto al otro acusado, sostiene “que al margen de su actuación como funcionario adscrito a la Brigada”, ejerció “como abogado particular en la misma localidad de Lugo”, al menos hasta finales de 2009, “asesorando profesionalmente en tal condición a diversas personas en materia de extranjería y sobre asuntos que eran objetivo de tramitación en las mismas dependencias policiales”.

Según el fiscal, llegó en ocasiones “a captar o a intentar captar como clientes en dichas instalaciones públicas a diversas personas que acudían a las mismas”, ofreciéndose “como abogado o, incluso, invitándolas a cambiar el que tenían por él mismo”.

Por su parte, la defensa de ambos acusados niega los hechos por los que fueron investigados y anuncia que pedirá la libre absolución.

Vista oral

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Durante su declaración en la vista oral, el que fuera inspector jefe de la Brigada de Extranjería, recordó que la jueza instructora del caso, Pilar de Lara, lo sometió “a una declaración maratoniana”, que duró “unas quince horas” y que terminó “sin ninguna medida cautelar”.

Aunque defendió su actuación al frente de la brigada, recordó, asimismo, que a raíz de la repercusión mediática que tuvo este caso, se acordó su suspensión por parte de la Dirección General de la Policía unos meses antes de su jubilación, en el año 2010.

Por su parte, la defensa del otro acusado solicitó la nulidad de las actuaciones al considerar que se llevó contra su cliente una “investigación prospectiva” y “desde el principio se abrió un abanico enorme de delitos” para dar “pie a todo tipo de diligencias”, para acabar “con el curioso hecho” de que al final no se le está juzgado “por ninguno de ellos”.

Desde su punto de vista, “se buscó la manera de incriminarlo”.

Además, aseguró que los delitos por los que está siendo juzgado ya habrían prescrito.

A esos argumentos se opuso el ministerio fiscal, quien recordó que la investigación comenzó a raíz de la declaración de una testigo protegida, en relación con unos hechos concretos relacionados con su patrocinado, por lo que calificó como “curiosas” y “sorprendentes” las alegaciones de la defensa.

Aunque reconoció las “dilaciones indebidas” en el proceso también justificó que los delitos que se persiguen no están en ningún caso prescritos, por las diligencias de investigación que se realizaron durante los últimos años.

La pieza que hoy llegó a juicio viene derivada de la Operación Carioca, la macrocausa instruida por la jueza Pilar de Lara para investigar una trama de prostitución en la provincia con varios agentes de la autoridad implicados.