El Concello de Lugo ha emitido este miércoles la orden de demolición del edificio de O Garañón, otorgando a la propiedad del inmueble un plazo de dos meses para que presente el proyecto de ejecución de los trabajos.

La alcaldesa, Lara Méndez, adviritó que "de no acatar este imperativo, la administración local asumirá los trabajos subsidiariamente".

En este caso, ya en el pasado mes de julio el gobierno municipal inició el expediente de contratación correspondiente, que permitirá "tener avanzada la tramitación necesaria para cumplir, lo antes posible, la sentencia que obliga a reponer la legalidad urbanística en el entorno", señaló la regidora lucense.

Según el ejecutivo local, esta actuación constata el "compromiso dado por Lara Méndez, ya durante el anterior mandato, de convertir este espacio en un pulmón verde urbano", que conectará "con uno de los parques más emblemáticos de la capital como es el de Rosalía de Castro".

"Damos respuesta así a una demanda social, ampliando el cinturón natural de Lugo, ayudando a integrar el río Miño en la ciudad, siendo coherentes con el modelo sostenible que impulsamos desde el año 2015 y a través del que apostamos por la recuperación, renaturalización y creación de nuevos espacios para el esparcimiento y ocio de la ciudadanía", sostuvo la regidora.

Méndez recordó que la licitación -cuyo valor estimado asciende a 965.000 euros- abarca la redacción de un proyecto visado de obras completo de demolición, pero también la reposición al estado original de los terrenos, la ejecución de las obras y la dirección facultativa necesaria de las mismas, que incluye todo lo edificado sin título habilitante.

La alcaldesa hizo hincapié en que los pliegos recogen "dos plazos diferenciados para asumir los trabajos", estableciéndose "uno de dos meses para entregar el proyecto completo" y "otro de ocho para materializar la demolición".

Lara Méndez incidió en la "importancia de que este procedimiento se encuentre ya en marcha, de manera simultánea al tiempo otorgado a la propiedad del inmueble para asumir su derribo", en tanto permite al ayuntamiento lucense "avanzar en la cuenta atrás para la desaparición de las torres y la recuperación de los terrenos como zona verde pública".

Falta de adecuación sobre el proyecto

Por su parte, el concejal de Sostibilidade Urbana, Álvaro Santos, indicó que el decreto firmado recoge también la "desestimación", por parte de la administración local, de las alegaciones presentadas por los interesados al expediente de disciplina urbanística en el que se manifestaba la "discordancia" entre la licencia otorgada en su día -y posteriormente anulada- y lo finalmente construido.

El edil recordó que el gobierno local encargó un levantamiento topográfico de la realidad existente de las obras para superponerlo con los datos obtenidos en el mismo, lo que "permitió certificar que lo edificado no respetaba lo delimitado en el título habilitante concedido" y que, por lo tanto, el inmueble "además de ilegal es totalmente ilegalizable al amparo del ordenamiento urbanístico vigente ya que no cumple el PERI en vigor y, además, incrementa el agravio que ya se puso de manifiesto en la sentencia judicial que obliga a la reposición de la legalidad".

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Además, segén el informe elaborado por el Servizo de Arquitectura, "a la vista de los estudios realizados, las torres, en su estado actual, presentan una serie de diferencias que evidencian una falta de adecuación sobre el proyecto que obtuvo la autorización, destacando, especialmente el importante incremento en altura de los dos volúmenes edificados ya que, entre otros aspectos, las plantas altas superan, cada una, en 10 centímetros lo recogido en dicho proyecto", refirió Santos.

El edil de Sostibilidade Urbana recalcó que "tampoco las tres plantas del sótano, el semisótano o la cubierta cumplen el PERI aprobado por sobrepasar el concepto denominado sólido capaz", el volumen limitado por la rasante de aplicación, los planos de la fachada y de cubierta, que hacen que, entre otras anomalías, aumente la superficie de las tres terrazas.