El juzgado reconoce un “enriquecimiento” de Narón por el coste de la depuración y ahora deberá de compensar a Ferrol
El Tribunal de Instancia de Ferrol fija un reparto del 60%-40% y obliga a Narón a asumir la parte correspondiente

Foto de archivo de la estación depuradora de Ferrol
Ferrol - Publicado el
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La plaza número 1 de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Ferrol ha estimado parcialmente la demanda del Ayuntamiento de Ferrol contra el Ayuntamiento de Narón por el rechazo de las liquidaciones del servicio de depuración del margen norte de la ría, al apreciar la existencia de un “enriquecimiento” injusto por parte del municipio naronés.
La sentencia, dictada por el magistrado Javier Tudela Guerrero, resuelve dos procedimientos ordinarios acumulados, y declara que Narón debe asumir los costes reales del servicio prestado por Ferrol a través de la empresa mixta EMAFESA, aunque con ajustes en determinados conceptos.
El juez concluye que, a falta de convenio entre ambas administraciones y la entidad competente, Augas de Galicia, el reparto provisional aplicado durante años —70% para Ferrol y 30% para Narón— carecía de soporte definitivo.
Tras analizar la prueba, y teniendo en cuenta las primeras mediciones de caudal instaladas en 2024, el tribunal fija que el reparto correcto debe ser del 60% para Ferrol y del 40% para Narón.
La resolución reconoce que Ferrol acreditó los gastos de depuración mediante informes periciales, principalmente de la consultora KPMG, y descarta que Narón demostrase una supuesta sobredimensión del personal operativo. No obstante, el tribunal aprecia dudas en el gasto de administración y gerencia de EMAFESA imputado a Narón.
REDUCCIÓN EN GASTOS
En este punto, la sentencia ordena detraer un 40% de los gastos de administración y gestión correspondientes al periodo 2017–2020, aplicando el mismo criterio que Ferrol comenzó a aplicar voluntariamente desde 2021.
El juzgado declara que Narón debe abonar las cantidades resultantes de las liquidaciones, ajustadas a esa corrección, si bien no fija intereses al considerar que las cifras permanecían ilíquidas hasta el dictado de la resolución.
La sentencia puede ser recurrida en apelación y cada parte abonará sus propias costas y la mitad de las comunes, al haberse estimado solo parcialmente la demanda.



