Inmaculada Bonilla permaneció en su cargo de un ente público pese a que el Supremo anuló su nombramiento

La polémica continúa con el nombramiento de Inmaculada Bonilla, que en 2016 fue elegida directora del Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios. Porque el Partido Popular de Extremadura ha exigido hoy responsabilidades políticas a la Junta por mantenerla en el cargo pese a que el Tribunal Supremo consideró "nulo" su nombramiento, en lo que es otro presunto caso "de enchufismo de afines del Partido Socialista en Extremadura". 

La portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha denunciado hoy que el pasado 14 de enero el Supremo ratificó el auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que consideraba "nulo" este nombramiento por parte del gobierno socialista de Fernández Vara, un auto emitido en mayo del pasado año. 

Teniente ha señalado que "fue la Junta de Extremadura" quien emitió el recurso contra el auto del TSJEx, "y no la propia interesada" en lo que es una "clara utilización de dinero público", ya que ahora el Supremo condena al Gobierno regional a pagar las costas del procedimiento, "algo que tendremos que pagar todos los extremeños". 

La portavoz de los populares ha ido más allá y ha calificado "de auténtica vergüenza" que, pese a este auto del Alto Tribunal emitido el pasado 14 de enero, Bonilla ha permanecido en el cargo "hasta el viernes pasado, según nos dicen desde dentro", ya que de momento no hay "noticias oficiales" por parte de la Junta, momento en el que fue relegada de sus funciones. 

Pero lo grave, para Teniente, es que Inmaculada Bonilla ha seguido ejerciendo sus funciones, "firmando por ejemplo la resolución de las rutas del transporte escolar", algo que "puede ser anulable" ya que fue ratificada por "un cargo nulo", según los tribunales, por lo que el PP teme que este concurso pueda entrar en una fase de impugnaciones por aquellas empresas que así lo consideren oportuno. 

Hay que recordar que el TSJEx ya anuló el nombramiento de Bonilla tras el recurso presentado por una de las personas afectadas en el concurso al "no cumplir las bases de la convocatoria" ni estar "motivada", algo que el Supremo ha ratificado.