Más de 60 ganaderías extremeñas han decidido emprender acciones legales contra las principales empresas lácteas del país, reclamando un total de 6 millones de euros. La demanda, presentada por el despacho BGI-LAW, surge a raíz de prácticas colusorias llevadas a cabo entre los años 2000 y 2013, conocidas como el "cartel de la leche".

Durante este periodo, las grandes empresas del sector acordaron de manera secreta el precio de compra de la leche, afectando negativamente a los pequeños productores. Estas prácticas ilegales permitieron a las grandes lecheras mantener una posición casi monopolística en el mercado.

Jorge Marín Losa, abogado de BGI-LAW y representante de los ganaderos afectados, explica a COPE Extremadura cómo se descubrió este fraude sin precedentes en el país. "Todo comenzó con una investigación interna por parte de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia. Resultaba sospechoso que todas las empresas compraran al mismo precio y que dicho precio no variara durante años. Esta investigación, iniciada en 2015, concluyó en 2019 con una resolución que ahora ha sido confirmada por la Audiencia Nacional", detalló Marín Losa.

La resolución establece que las grandes empresas deberán indemnizar a los ganaderos que vieron peligrar su trabajo debido a esta práctica desleal. "Las empresas transformadoras que pactaron el precio de la leche perjudicaron enormemente los intereses de las pequeñas explotaciones. En Extremadura, muchas de estas pequeñas productoras han cerrado. Las indemnizaciones serán significativas. Una explotación con entre 80 y 100 vacas puede reclamar entre 315.000 y 350.000 euros", afirma el Marín Losa.

La demanda cubre más de 12.000 millones de litros de leche, con una reclamación estimada de 3 céntimos por litro vendido durante el periodo afectado por el cartel. Además, a esta cantidad se sumarán los intereses correspondientes.

A pesar de la magnitud de las posibles indemnizaciones, algunos ganaderos dudan en dar el paso y denunciar por temor a represalias por parte de las grandes empresas. "Hay mucha desconfianza entre los pequeños productores y las grandes compañías. Algunos ganaderos prefieren no reclamar nada por miedo a 'morder la mano que les da de comer'. Esta desconfianza es enorme y las grandes empresas son conscientes del serio problema que enfrentan", declaró Marín Losa.

El sector ganadero de Extremadura espera una pronta solución a este conflicto, que afecta a uno de los pilares fundamentales de su economía. La resolución favorable para los ganaderos no solo significaría justicia para quienes han sido perjudicados, sino también un importante precedente para la industria láctea en España.