La empresa que promueve una mina de litio en la Sierra de la Mosca de Cáceres Infinity Lithium ha anunciado que presentará, en el plazo de un mes, un recurso de alzada contra la resolución de la Junta de Extremadura de cancelar el permiso de investigación denominado Valdeflórez, sobre dos cuadrículas mineras, por entender que esta decisión es "arbitraria" e "imprudente" y está basada en "cuestiones políticas y no jurídicas", ya que no se ajusta a derecho.

El director general de la mercantil en España, David Valls, y el director de relaciones institucionales de Infinity Lithium, Cayetano Polo, han anunciado este viernes la decisión de presentar este recurso que la Junta tendrá que resolver en el plazo de seis meses y, en caso de que no se concediera finalmente el permiso, se recurrirá a la vía judicial y "se llegará hasta el final, sea cual sea el tiempo y el coste", ha dicho Valls.

"El planteamiento de la empresa es llegar hasta el final, sea cual sea el tiempo necesario y sea cual sea el coste y, en cualquier caso, ese coste es mucho menos que en el que ha incurrido la empresa en el desarrollo del proyecto y, una vez que se entre en el proceso judicial, los plazos no están definidos y depende de las capacidades de los tribunales", ha añadido, en alusión a lo que este proceso se podría dilatar.

En una rueda de prensa en la capital cacereña, ambos representantes de la empresa han lanzado duras críticas a la Junta de Extremadura ya que consideran que la posición "inmovilista" de la Administración regional crea "inseguridad jurídica" para otros proyectos que quieran implantarse en la región, y han insistido en que la idea de la empresa es "seguir adelante" con este proyecto que pretende extraer litio de la Sierra de la Mosca cacereña.

"A pesar de esta posición política inmovilista, en la que solo se le da voz a una parte minoritaria de la población, nuestros esfuerzos se redoblarán", ha dicho Valls, que ha añadido que la creación de las nuevas industrias relacionas con el litio y la fabricación de baterías para vehículos eléctricos quieren venir a España, a Extremadura y a Cáceres, pero "el mensaje que se está proyectando es que para que una inversión venga no depende del marco jurídico, ni de una valoración objetiva, sino de una decisión política" de la Junta de Extremadura que le da "voz" al Ayuntamiento de Cáceres.

En la comparecencia, Valls ha recordado que en el proceso inicial del permiso de investigación de Valdeflórez, que se concedió en 2016, la Junta de Extremadura contestó 15.000 alegaciones y las desestimó pero la "única" alegación que ha atendido ahora ha sido la presentada por el Ayuntamiento de Cáceres, cuando en el inicio del procedimiento la Junta puso de manifiesto que el proyecto era compatible urbanísticamente con la normativa.

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