Piden 6 años de cárcel para el acusado del gran incendio de Gata y Las Hurdes de 2023

La Fiscalía Provincial de Cáceres ha solicitado una pena de 6 años de prisión y una multa de 24 meses para el acusado de provocar el incendio forestal que devastó las comarcas de Gata y Las Hurdes en mayo de 2023. Además, se le reclama una responsabilidad civil que supera los 400.000 euros para cubrir los daños ambientales y los costes de extinción.

El Ministerio Público le atribuye un delito doloso de incendio forestal agravado, considerando la enorme superficie afectada y su impacto en espacios protegidos y núcleos habitados. El juicio oral contra el procesado, un vecino de la zona sin antecedentes penales, ha quedado fijado para los días 24 y 25 de marzo de 2026 en la Audiencia Provincial de Cáceres.

Un fuego que arrasó 10.000 hectáreas

Según el escrito de acusación, el procesado presuntamente inició el fuego en un pinar de titularidad municipal que colindaba con su finca de cerezos. Las condiciones meteorológicas adversas, con fuerte viento, altas temperaturas y baja humedad, provocaron que las llamas se expandieran con gran rapidez y virulencia.

La evolución del incendio obligó a activar el nivel 2 del Plan Territorial de Protección Civil de Extremadura (PLATERCAEX) y a evacuar a 650 vecinos de distintas localidades, mientras que alrededor de un centenar tuvo que permanecer confinado en sus viviendas por precaución.

Daño ecológico y alto coste de extinción

El balance final del desastre elevó la superficie afectada a 10.873 hectáreas, de las cuales 9.904 eran de masa arbolada. De ellas, 2.945 hectáreas formaban parte de la Red Natura 2000, afectando a colonias de especies protegidas como el buitre negro y el buitre leonado.

Los daños ambientales han sido valorados por los servicios autonómicos en 132.500 euros. Por su parte, el coste del dispositivo de extinción, que movilizó a 673 bomberos forestales, 59 técnicos, más de 240 vehículos y 13 medios aéreos, ascendió a 269.554,29 euros.

La Fiscalía ha solicitado también que el suelo afectado no pueda cambiar su calificación urbanística durante 30 años para garantizar su recuperación. Durante el juicio se practicarán pruebas testificales y periciales y se prevé abrir una pieza separada para determinar la capacidad económica del acusado frente a la responsabilidad civil reclamada.