“Queremos que no vuelva a suceder en ninguna residencia”, expone sobre el espíritu de la querella uno de los que la presenta, Félix Pérez, cuya madre se cuenta entre las víctimas mortales.

Tomando como referencia a la plataforma de afectados de la residencia asistida El Cuartillo de Cáceres, casi una decena de familiares se han unido para presentar una querella contra la dirección del centro Los Pinos ante el juzgado de lo penal de Plasencia de la mano de los mismos abogados que en la Asisitida, Pita Broncano.

Se les podría acusar de delitos como homicidio por imprudencia y lesiones por imprudencia.

“Nos ha movido la desinformación que hemos sufrido. Estamos muy doloridos, no somos capaces de descansar, nos hemos dirigido al centro en numerosas ocasiones preguntando y la respuesta ha sido siempre el silencio”, explica Félix Pérez.

La residencia los Pinos cuenta con 96 plazas y está especializada en la atención a la demencia.

“Mi madre estaba perfectamente bien y en 48 horas falleció”, asegura este familiar.

Y es que según cuenta, básicamente se les informaba para decir que sus familiares estaban enfermos o que habían fallecido por lo que temen que detrás hay “un silencio culpable, que no se han hecho las cosas como se deberían hacer”

“En el SEPAD tienen la idea de que ha sido una cosa fortuita, pero ¿por qué en unas residencias hay número tan elevado de fallecidos y en otras el porcentaje baja? Hay que considerar las características del centro”, expone.

A su juicio, juega un papel determinante la mala organización y dirección en Los Pinos, centro en el que no permitían la participación de los familiares en las reuniones, no había ningún sistema de evaluación interna o externa, ni plan de mejora de las instalaciones, según Pérez.

“El ambiente era muy deficiente y ya lo había advertido con anterioridad a la pandemia, pero no se hizo nada”, cuenta.

Oficialmente hubo durante el estado de alarma 18 fallecidos por COVID-19, pero contando los que murieron con patologías previas y cuyo detonante fue este virus, la cifra puede superar las 30 personas.

Ahora buscan toda la información que se les ha negado y que la dirección del centro responda ante el juez.