Multan con 10.000 euros a un vecino de Cáceres por empadronar a diez extranjeros en su vivienda social
Un hombre de El Gordo inscribió de forma fraudulenta a diez ciudadanos de Marruecos y Egipto en la casa que tenía adjudicada por los servicios sociales

Audio Israel Bolaños, responsable de comunicación de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres
Cáceres - Publicado el - Actualizado
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Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional ha destapado un fraude por empadronamientos irregulares en una vivienda social de El Gordo (Cáceres). Un vecino de la localidad había inscrito fraudulentamente a diez ciudadanos extranjeros en la vivienda que tenía adjudicada, lo que ha resultado en una sanción de 10.000 euros.
Una investigación conjunta
La investigación se ha iniciado tras detectarse el empadronamiento de cinco ciudadanos de origen marroquí y otros cinco de origen egipcio en una vivienda social. Este hecho ha llamado la atención de las autoridades, al tratarse de un número elevado de inscripciones en un municipio pequeño y no mantener la localidad ningún vínculo con Egipto.
Agentes de la Guardia Civil de Peraleda de la Mata y el Equipo ROCA de Navalmoral de la Mata han constatado que las personas inscritas no residían realmente en la localidad ni habían utilizado la vivienda. Por tanto, han concluido que los empadronamientos se habían realizado en fraude de ley, ya que la vivienda no constituía su domicilio real.
Sanción de 10.000 euros
El caso ha sido transferido a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, que ha tramitado diez expedientes sancionadores por una infracción grave de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.
La Subdelegación del Gobierno en Cáceres ha resuelto el caso con la imposición de diez multas administrativas de 1.000 euros cada una. El titular de la vivienda, un varón de nacionalidad española con antecedentes policiales, se enfrenta a una multa total de 10.000 euros por consentir la inscripción irregular.
Las autoridades recuerdan que estos fraudes suelen buscar el cumplimiento ilícito de requisitos para regularizar situaciones en fraude de ley o para la obtención indebida de prestaciones o ayudas sociales. Estas conductas pueden acarrear multas de hasta 10.000 euros e incluso responsabilidades penales.
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