Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Cáceres, han inspeccionado una explotación porcina ilegal situada en la localidad cacereña de Monroy y han levantado 44 actas por infracciones a distintas leyes en materia de sanidad animal y residuos.

En dicha inspección se ha contado con el apoyo y la colaboración de las autoridades veterinarias de Inspección Veterinaria de la Junta de Extremadura y, en la misma, se descubrieron "numerosas irregularidades" en materia de sanidad animal y de residuos.

En concreto, la explotación ganadera carecía de las autorizaciones preceptivas y los animales que se encontraban en ella carecían de las correspondientes identificaciones, de vacunas y de controles sanitarios que posibilitan la detección y diagnóstico de enfermedades propias de la especie porcina.

Asimismo, se constató que las instalaciones donde se encontraban los animales "no eran las idóneas", ya que no reunían los requisitos exigidos legalmente para albergarlos, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

Durante la inspección, los agentes, localizaron a cinco perros y comprobaron que todos carecían de vacuna antirrábica, así como del tratamiento antiparasitario frente a la teniasis, siendo este un tratamiento obligatorio en Extremadura. Además, se pudo constatar que varios de estos perros no contaban con pasaporte identificativo ni microchip.

Continuando con la inspección, fueron hallados un gran número de vehículos (turismos y camiones) en estado de abandono, observando que algunos de ellos se encontraban descontaminados (con los motores desmontados y desarmados), careciendo el responsable de la parcela de autorización para ello.

Además, junto a estos se localizó un gran número de residuos no peligrosos, así como residuos peligrosos y residuos de construcción y demolición, neumáticos usados, materiales que contienen amianto (uralitas), residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, lavadoras, frigoríficos, residuos de plástico y aceites usados de vehículos a motor.

Dada esta situación, los agentes verificaron que la parcela no estaba autorizada ni acondicionada para realizar esta actividad y que, a su vez, su propietario carecía de las autorizaciones necesarias para el almacenamiento, descontaminación, gestión y eliminación de todos los residuos anteriormente indicados.

De la actuación llevada a cabo por los agentes, se han incoado un total de 44 actas administrativas frente al responsable de la parcela, 30 de ellas por infracciones a la legislación vigente en materia de sanidad animal y otras 14 infracciones relacionadas con la gestión de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos.