La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) celebra mañana, día 12, una vista pública o audiencia en la que los investigadores de la Estación Biológica de Doñana deben ratificarse en el informe pericial encargado por el TSJEx, para determinar el impacto medioambiental y económico del derribo del complejo urbanístico Isla de Valdecañas, situado en la provincia de Cáceres.

El informe de este órgano dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se entregó el pasado mes de enero y ahora los peritos deben ratificarse en las aclaraciones o las cuestiones que el órgano judicial y las partes implicadas ha planteado ante el citado estudio.

A esta vista pública, que tendrá lugar a partir de las diez de la mañana en la sede del Alto Tribunal extremeño situado en la Plaza de la Audiencia de la capital cacereña, podrán asistir las partes en conflicto como son el promotor del complejo (Marina Isla de Valdecañas SA), las tres comunidades de propietarios de las villas de la isla, la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo y las dos organizaciones ecologistas (Adenex y Ecologistas en Acción), que iniciaron el conflicto judicial.

Esta nueva cita judicial, que podría durar tres jornadas, será la última fase para resolver este conficto que comenzó hace más de diez años. Cuando concluya la toma de declaraciones, el TSJEx deberá dictar una resolución y se abrirá un plazo de veinte días para que cada parte se pronuncie sobre la ejecución de la sentencia o la imposibilidad de ejecutarla, según sus intereses.

Después, el TSJEx tendrá otros 20 días para contestar a las peticiones formuladas por las partes implicadas en el conflicto lo que dará paso a una resolución final que pondrá fin a la fase de ejecución de la sentencia de derribo que pesa sobre el complejo Isla de Valdecañas.

Sobre este mismo caso el Tribunal Constitucional (TC) todavía debe pronunciarse sobre si los cambios que aprobó la Asamblea de Extremadura en la ley del suelo para legalizar este Proyecto de Interés Regional (PIR) son constitucionales o no, después de que una sentencia declarara nulo el PIR.