Un Juzgado reconoce a un docente interino el derecho a cobrar desde el 1 de septiembre y la experiencia

Un fallo del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Mérida ha reconocido a un empleado público docente interino el derecho al pago y al reconocimiento de la experiencia de los días en que no estaba contratado en el mes de septiembre de los últimos cuatro cursos académicos.

El juzgado manifiesta la "ilegalidad de la actuación de la Junta de Extremadura", al tratarse de "una continuidad de contrato al tener adjudicación de vacante por curso completo", indica el sindicato PIDE, cuyos servicios jurídicos han representado al docente.

Una sentencia contra la que no cabe recurso de apelación en Extremadura, y que sólo puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo. Cuando la sentencia sea firme, todos los docentes interinos que se hallen en las mismas circunstancias que el demandante podrán solicitar la extensión de la sentencia para los cuatro últimos cursos, según subraya PIDE, que habilitará el procedimiento para agilizar esta gestión en los Tribunales de Justicia.

Hay que recordar que la Junta de Extremadura incorpora a los docentes interinos a sus puestos de trabajo varios días después que lo hacen los funcionarios con plaza asignada, que se incorporan el 1 de septiembre con el comienzo del curso escolar.

Por ello, a través de un comunicado, el sindicato PIDE insta a la Junta de Extremadura a negociar la extensión de oficio de los efectos de dicha sentencia -al igual que en anteriores procedimientos judiciales ganados por PIDE- a todos los funcionarios interinos docentes de Extremadura, dado que dentro de los argumentos del fallo se considera "ilegal" la "discriminación" que supone ser contratados con varios días de retraso respecto a los funcionarios de carrera, una "irregularidad", insiste, que está prohibida por directivas y recientes sentencias de la Unión Europea.

El docente reclamaba el reconocimiento de derechos y de cantidad por los días de diferencia de cese en cada curso escolar hasta la contratación en el curso siguiente. En consecuencia, condena a la Junta a que se reconozcan los días de septiembre desde el curso 2014-2015 hasta el curso 2019 desde el día siguiente a que termine el contrato como profesor el demandante, hasta la fecha real en que se dio de alta en el curso siguiente, con los efectos económicos y administrativos que procedan, condenando al pago de los días dejados de percibir".

La "previsible" extensión de esta sentencia a todos los funcionarios docentes interinos que cumplan los requisitos para solicitarla, obligará a la Consejería de Educación y Empleo de Extremadura al pago de "aproximadamente cinco millones de euros" por los cuatro últimos cursos académicos, suponiendo una consolidación anual en la partida de personal docente de más de un millón de euros, según los cálculos realizados por PIDE.

Desde PIDE insisten en que la Junta de Extremadura debe acatar la sentencia judicial, y advierte de que sería una "irresponsabilidad" no hacerlo, pues la cantidad final a desembolsar se vería incrementada.