El importe del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para una vivienda con una base liquidable de 80.000 euros es de 576 euros al año en Badajoz y 560 en Cáceres, situándose las dos capitales de provincia extremeñas entre las 14 de España con el tipo impositivo más alto, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

En concreto, Badajoz se sitúa en el puesto 12 y Cáceres en el 14 de acuerdo a este estudio que advierte de enormes diferencias en los tipos impositivos del IBI.

Así, para una vivienda urbana con una base liquidable de 80.000 euros, sin bonificaciones, el importe medio del recibo del IBI varía entre los 774 euros de Lérida (con un tipo del 0,967 %) y los 147 euros de San Sebastián (0,191 %), la más barata.

Las bonificaciones por vivienda de protección oficial, familia numerosa o domiciliación bancaria también varían mucho según el municipio, recoge la OCU en nota de prensa.

Respecto a la bonificación por vivienda de protección oficial, la ley contempla tres años de reducción del 50 % del IBI.

Pero mientras que ciudades como Barcelona y Salamanca admiten siete años más de bonificación por ese mismo porcentaje, casi la mitad de las capitales no contemplan ampliación alguna de este beneficio, como por ejemplo Madrid, Sevilla o Palma.

La bonificación por familia numerosa puede traducirse en una reducción de hasta el 90 % del recibo, tal y como sucede en la mayoría de las ciudades.

Sin embargo, no siempre es así: bien porque el porcentaje es menor o porque directamente no existe, como en Bilbao y Pamplona, se añade en la nota.

Por su parte, la bonificación por instalación de energía solar puede implicar una reducción del 50 % del IBI en la vivienda habitual durante varios años, pero también hay urbes donde no hay, como Albacete, Burgos, León, Murcia y Valladolid.

Además, en algunas ciudades supone un descuento de hasta el 5 % del recibo la bonificación por domiciliación bancaria, como en Granada, Guadalajara, Cuenca y Sevilla, pero en la mitad no se contempla reducción alguna.

A juicio de OCU, las diferencias son "excesivas y acrecientan las desigualdades fiscales", al tiempo que ha solicitado a los ayuntamientos "la exención del pago del IBI para colectivos vulnerables con bajos ingresos".