Nuevo decreto en Valencia para proteger a los profesores ante la escalada de violencia en las aulas

La Generalitat Valenciana ha aprobado el nuevo Decreto de Convivencia en el sistema educativo, una norma que busca garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y respetuosos. La consejera de Educación, Carmen Ortí, ha señalado que el objetivo es la prevención del aislamiento escolar y el ciberacoso. Sin embargo, este decreto llega en un momento crítico: los datos revelan que las incidencias de convivencia se han triplicado en los últimos cinco años, pasando de unas 4.500 en 2018 a 11.403 en 2023.

“Nos cuestionan hasta cómo abrir la puerta”

Carlos Justo, director del colegio San Juan Bautista de Torrent y vicepresidente de la Asociación de Directores de infantil y primaria, explica que el cambio en el modelo de sociedad ha contribuido a esta situación. Justo lamenta que en la sociedad actual "el menor siempre va a tener la razón", lo que lleva a un cuestionamiento constante de la labor docente. "Día tras día es un cuestionamiento, nos señalan, nos critican, nos cuestionan, que es lo más leve", afirma.

Esta situación de constante escrutinio, según Justo, es solo el primer paso de una escalada que avanza hacia un terreno más peligroso. El director advierte que después de las críticas "ya pasamos a gritos, insultos, y se ha llegado a hasta agresiones físicas delante del propio alumnado". Este deterioro de la autoridad ha provocado que la parte más débil ya no sea el alumno, sino el profesor.

Necesitamos una reacción inmediata"

Carlos Justo

Director del colegio San Juan Bautista de Torrent

Ante esta escalada, los docentes tienen claro que la clave es la rapidez en la respuesta institucional. "Inmediatamente, lo que hacemos es activar los protocolos y denunciarlo y transmitirlo a los cuerpos de seguridad y a la propia administración", señala Justo. Por ello, insiste en la principal demanda del colectivo: "Necesitamos eso, necesitamos una reacción inmediata".

Un reflejo de la sociedad 24/7

Eduardo Navarro, defensor del profesor del sindicato ANPE, coincide en que la conflictividad en las aulas es "una traslación de lo que pasa en el resto de la sociedad". Navarro, cuyo servicio se creó en 2005, apunta que la globalización y las redes sociales han provocado que los conflictos ya no queden "encapsulados en el aula", sino que pueden ocurrir "las 24 horas al día, los 7 días a la semana".

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El defensor del profesor considera que la autoridad del profesorado "se ha deteriorado muchísimo" y critica el "buenismo" de algunas regulaciones. Sostiene que, aunque se deben intentar solucionar los conflictos de manera pacífica, "hay determinadas conductas que solo se pueden reconducir desde la imposición de la sanción", tanto para corregir al infractor como para generar un efecto de "prevención general" en el resto del alumnado.

Uno de los factores más preocupantes es el comportamiento de los padres. Carlos Justo advierte de que los niños a menudo imitan las actitudes de sus progenitores: "Si ven que los padres no respetan a los profesores, ¿Qué van a hacer los alumnos? Se repite el patrón". El resultado, según sus palabras, es que "estamos llegando a un momento en el que los docentes tienen miedo a hacer una reunión con padres, a hacer una tutoría individual o incluso a celebrar una fiesta de convivencia, porque no sabemos por dónde van a salir".

Este miedo no es una percepción aislada. Un informe reciente del sindicato ANPE confirma que en el 90,5 % de las consultas al servicio del defensor del profesor, los docentes acuden con cuadros de ansiedad, miedo e incertidumbre ante las posibles reacciones de las familias.

Un nuevo decreto "mejorado"

En este contexto, el nuevo decreto es visto como un avance. Eduardo Navarro lo considera una mejora sustancial respecto al anterior, ya que "no ponía en pie de igualdad tanto a los padres como a las familias, a los alumnos y a los profesores, y eso es imposible". El nuevo texto, según Navarro, reconoce la figura del docente como la de un profesional y una autoridad dentro del aula, recuperando el espíritu de la ley de autoridad del profesorado de 2011.

Entre las mejoras prácticas, el decreto estructura mejor los procedimientos sancionadores y amplía los plazos para evitar que las faltas prescriban. Además, contempla medidas como la posibilidad de un procedimiento conciliador y un trámite de urgencia para los casos más graves, con el objetivo de que las medidas sean efectivas y se apliquen a tiempo.

La gravedad del problema, analizado en el programa Mediodía COPE MÁS en Valencia, queda patente en casos como el que expone Navarro: a una profesora de bachillerato "le tomaron una foto, que está prohibido", la "tunearon con un cariz sexual y la divulgaron por las redes sociales". Este tipo de acoso digital evidencia cómo la tecnología se ha convertido en una herramienta que ha complicado la labor docente y ha multiplicado la virulencia de los ataques.