El Ayuntamiento de València ha celebrado un pleno extraordinario para intentar arrojar algo de luz sobre quién puede tener responsabilidad en el macrofraude de la EMT. Pleno que se ha caldeado cuando por casualidad, Giusseppe Grezzi ha reconocido que la directiva que estaba de baja maternal en el momento del fraude, María Rayón, sí firmaba operaciones desde casa. Desde la bancada popular, la portavoz María José Català ha querido preguntar directamente si se seguía trabajando y Grezzi ha respondido que “la señora Rayón estaba de baja y no tenía por qué estar pendiente del mail. No respondió al mail pero continuaba asumiendo la tarea de firmar online las transferencias porque eso está vinculado al DNI.” Ya tras el pleno, Grezzi ha intentado justificarla, explicando que se trata de una firma mancomunada aparejada a un DNI necesaria para no paralizar la empresa.

Eso en cuanto al asunto puramente interno, porque a nivel político, ha supuesto un giro en las relaciones del gobierno municipal -sobre todo después de que ayer el PSPV se desmarcara de Compromís y propusiera que Grezzi, no estuviera presente cuando tuvieran que declarar trabajadores de la propia EMT, para que éstos puedan declarar con más libertad. Esto ha provocado un acercamiento de los grupos de la oposición hasta el punto de que la portavoz del grupo municipal 'popular' en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, no descarta presentar una moción de censura en el consistorio mientras que el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha ofrecido al PSPV sus seis ediles para "quitar" al alcalde, Joan Ribó y a Giuseppe Grezzi.

También la portavoz del Grupo Popular, María José Catalá, ha anunciado que el Partido Popular se personará en la causa que un juzgado nª18 de Valencia instruye para acceder a toda la información y Ciudadanos anuncia que exigirá en el próximo pleno, el cese de Grezzi como concejal del ayuntamiento de Valencia...

Y a todo esto, el alcalde de Valencia Joan Ribó ha hecho público ya su respaldo a Giusseppe Grezzi y al gerente de la EMT por la gestión transparente en este caso e insiste en que el fraude se debe a una «mala praxis» de una trabajadora.