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RESTRICCIONES ILEGALES

La sentencia de Supremo contra el Estado de Alarma cuestiona la validez de más cien mil multas en la CV

Saltarse el confinamiento entre el 15 de marzo y el 20 de junio del año pasado supuso más de 100.000 denuncias y 922 detenciones en nuestra región.

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Redacción Digital Valencia

Tiempo de lectura: 1'Actualizado 11:03

Según ha podido recopilar el diario Las Provincias de fuentes de la Delegación del Gobienro en la Comunidad Valenciana, saltarse el confinamiento en vigor por el estado de alarma entre el 15 de marzo y el 20 de junio del año pasado supuso más de 100.000 denuncias y 922 detenciones en la región.
Unas propuestas de sanción por incumplir las restricciones, que -sin embargo- ahora son cuestionadas después de la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se califica de ilegan el estado de alarma.
Según la Delegación del Gobierno, «los expedientes sancionadores resueltos por Interior supusieron una cuantía de 14,1 millones de euros, de los que 8,3 millones son sanciones ya abonadas mediante el pago anticipado». En cuanto a las sanciones menos graves, las subdelegaciones del Gobierno de Valencia, Alicante y Castellón «resolvieron hasta mayo 12.095 expedientes» del primer estado de alarma «y seguían tramitando otras 8.238».
De momento el Gobierno sigue sin aclarar cómo va a responder a los ciudadanos multados y si retornará el dinero en los casos de sanciones ya pagadas.
El Gobierno defiende que sin esta herramienta del Estado de Alarma «no se hubiera llegado a tiempo de parar el virus y no hubiera sido posible mantener las medidas necesarias para detener su avance más allá de 60 días».
De momento, todo está por decidir. Explica el diario LP que los magistrados del Tribunal Supremo se centran ahora en la redacción de una sentencia con el encargo a la ponencia de intentar salvaguardar a la Administración de una avalancha de demandas por los daños económicos causados con las sanciones.

En el caso de las sanciones impuestas por la administración autonómica, hace pocas fechas la propia administración reconocía que la Generalitat sólo consigue cobrar una de cada cien multas por imprudencias del Covid.

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