La Audiencia Provincial de Castellón condena a dieciséis de los dieciocho trabajadores denunciados, que estaban afectados por un ERE en 2009 efectuado por la empresa Muelles y Ballestas Hispano Alemana, siendo despedidos cuarenta y nueve.

Eran todos afiliados a Comisiones Obreras, denunciándose las protestas de éstos. Los condenados deberán cumplir penas de hasta 18 meses de prisión y multas de entre 1.000 y 6.000 euros.

Comisiones Obreras y su sector Industrial han lamentado y censuran esta sentencia a través de un comunicado:

"La huelga no es delito (#HuelgaNoEsDelito), aunque el juzgado de Castellón no lo ha considerado así, al condenar a 16 trabajadores, todos ellos afiliados a CCOO, que defendían la inexistencia de causa para despedir a 49 trabajadores en el año 2009.

Hace ahora diez años, la empresa Muelles y Ballestas Hispano Alemana, de Vila-real, presentaba un ERE de extinción para 49 trabajadores, todos ellos afiliados a CCOO. Paradójicamente el expediente fue aprobado por el comité de empresa, gracias a la nueva mayoría sindical que se conformo en la empresa ese mismo año y que acababa con años de supremacía sindical de CCOO. Los trabajadores de Muelles y Ballestas, han sido los mejor remunerados en la industria en la provincia de Castellón. Y ahí parece estar el origen del conflicto. La manipulación de la empresa hizo que el otro sindicato con presencia en el Comité se alzara con la mayoría sindical y su primer acuerdo fue refrendar la extinción del contrato de 49 trabajadores (prácticamente la totalidad de los que conformaban la sección sindical de CCOO en la empresa).

Los hechos sobre los que el juzgado de Castellón ha dictado sentencia se remontan a 2009. Como consecuencia del acuerdo de extinción con el Comité, desde CCOO PV Industria (entonces Minerometalúrgica) se iniciaron una serie de acciones movilizadoras frente a la empresa a través de la sección sindical. Las acciones de movilización no impidieron la aprobación del ERE y las medidas de protesta llevadas a cabo por los trabajadores fueron denunciadas ante el juzgado por “intimidatorias”, ya que en opinión de los denunciantes vulneraban su honor por las proclamas que se lanzaban en defensa de sus puestos de trabajo.

Diez años después de esas acciones y después de varias suspensiones, el juzgado de Castellón ha celebrado el juicio contra los 16 acusados y ha dictado sentencia. Una sentencia desproporcionada, fuera de contexto, y que lógicamente será recurrida (mas allá de otras acciones que se puedan emprender), ya que para CCOO Industria es legítima la defensa de los trabajadores y trabajadoras en los centros de trabajo.

La sentencia contempla penas de cárcel de hasta 18 meses para todos los encausados, excepto para dos de ellos, y multas que van desde los 1.000 a los 6.000 euros, en función de su grado de participación, para cada uno de los sentenciados".