"Nada ni nadie hará que cometa una ilegalidad ni vaya en contra de las decisiones de los técnicos municipales que autorizan la construcción de la Residencia Geriátrica en una parcela de suelo urbano consolidado". Es la respuesta que ha dado este martes la alcaldesa de Guadarrama, Carmen María Pérez del Molino, al rechazo al proyecto mostrado por los vecinos de la urbanización Vallefresnos.

Llevan años temiendo que llegue el momento en que las obras acaben con el paisaje que han conocido durante generaciones. Y es que, dicen, será necesario eliminar unos 60 árboles, fresnos y robles básicamente, algunos de ellos de más de un siglo de antigüedad.

Según un comunicado del Ayuntamiento, la licencia concedida cumple rigurosamente con la ley y cuenta con los informes favorables por parte de los técnicos no solo municipales sino de la Comunidad de Madrid. Las actuaciones previstas sobre el arbolado de la zona, según el escrito, suponen trasplantar 10 de los fresnos del total de los 40 a talar. El resto serían compensados con la plantación de 1.500 ejemplares de fresnos y 45 de roble.

Además, ha asegurado la alcaldesa, las consecuencias de no llevarse a cabo la residencia serían graves para el erario público, porque el municipio podría ser condenado a indemnizar al propietario con 8 millones de euros en suelo, así como varias decenas de millones por el cese de la actividad.

"No me voy a acobardar porque piensen que estoy a un paso de las elecciones, por muchas pancartas o presiones... voy a hacer lo que dicen los informes. Que esto cumple y no hay marcha atrás", decía este martes Carmen María Pérez del Molino.

El proyecto cumple la ley y no hay marcha atrás, según el ejecutivo

Visiblemente molesta con las críticas vecinales, recordaba que el anterior propietario no quiso hacer nada pero ahora quien lo ha comprado sí, "un señor al que por cierto no conozco, no es primo mio ni me ha comprado un piso en Benidorm, por mucho que se deje entrever. A mí lo que me parece una hipocresía es llorar por los árboles ahora cuando no se han acordado en cinco años... de los que se han cortado antes nadie se ha acordado", ha añadido Pérez del Molino.

A pesar de estas palabras, la alcaldesa ha tendido la mano a los vecinos de Vallefresnos con quienes se ha comprometido a realizar una reunión, en la que estén también presentes los técnicos, para informarles del todo el proceso.

LOS VECINOS SEGUIRÁN ADELANTE

Habrá que ver lo receptivos que puedan estar los vecinos con el ofrecimiento, aunque ya anuncian que seguirán defendiendo sus reivindicaciones porque las consideran justas.

No solo temen por los árboles que se van a eliminar con la construcción de la residencia sino por el colapso que puede provocar en saneamiento, agua y tráfico. "Por supuesto que el arbolado nos preocupa, pero hay más problemas que el Ayuntamiento ha obviado. No puede ampararse en que los técnicos han dado la licencia cuando hay un técnico de infraestructuras que no ha emitido informe y precisamente son las infraestructuras uno de los mayores problemas que va a tener Vallefresnos con este proyecto", explica la presidenta de la Entidad Urbanística de Conservación de la urbanización, Beatriz Consuegra.

Los vecinos no le ven el fin social al proyecto, que es privado

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"Lo que no hay duda es que la alcaldesa se ha erigido en abogada de la promotora que quiere edificar el geriátrico. No discutimos que la residencia a la larga vaya a generar empleo y dar trabajo a vecinos de Guadarrama, pero una residencia de lujo de un promotor privado no parece que tenga mucho sentido social", añade Consuegra.

Hay que recordar que la Entidad Urbanística Vallefresnos remitió en su día al Ayuntamiento un escrito de 67 páginas con los fundamentos jurídicos para impedir la construcción así como un informe técnico que revelaba que la cuota de camas geriátricas de Guadarrama era 8 veces superior a la media de la Comunidad de Madrid y 10 veces superior a la estatal.

De momento, los vecinos han presentado más de 1.600 firmas recogidas en contra del proyecto a través de la Plataforma Change.org y han cursado denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) por el perjuicio medioambiental que supondrá.