El TSJC avala el desalojo del Club de Mar de Sitges a petición del Estado español

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha autorizado a la demarcación de Costas en Catalunya del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que este jueves acceda "coactivamente si es preciso" a las instalaciones del Club de Mar de Sitges (Barcelona) para recuperar la posesión del inmueble con el objetivo de demolerlo.

En su auto, emitido por la Sala Contenciosa-Administrativa, la sala rechaza la solicitud del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sitges para frenar el proceso, y ordena al club que deje libres las instalaciones antes de las 8 horas de la mañana del jueves 23 de octubre.

A partir de ese momento, la Demarcación de Costas "podrá emprender las acciones de recuperación posesoria que sean precisas, las cuales podrán prolongarse hasta tanto el desalojo de los actuales se haya hecho efectivo".

Las actuaciones deberán ser ejecutadas por funcionarios del Estado y las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán "auxiliar y proteger" a los funcionarios ejecutantes.

La resolución, que se puede recurrir ante este mismo tribunal, indica que el propósito es que el Gobierno recupere los bienes del dominio marítimo-terrestre que viene ocupando el Club "pese a carecer de título para ello".

EL CLUB DE MAR SITGES

¿Dónde está el problema? El Club de Mar Sitges, se hizo en 1952, y entró por sus metros cuadrados y los 30 años de licencia, en los requisitos de la Ley de Costas para su derribo.

Hace 3 años, los antiguos clubs náuticos de Cabrera de Mar, y el de Pineda de Mar cerraron por esta ley de Costas, creada en 1988 y modificada en 2014,  que pretende proteger el litoral marítimo, ante el desarrollo urbanístico desaforado a mediados del siglo pasado en el litoral mediterráneo.

Y ahí está, la primera controversia jurídica. Para Gemma Marcé, presidenta del Club de Mar Sitges en MEDIODÍA COPE, el derecho de propiedad queda vulnerado por una ley que considera obsoleta, que no tiene en cuenta la excepcionalidad, "es una ley obsoleta, que no tiene en cuanta el patrimonio, esto es algo muy grave, porque es un delito contra el patrimonio", expone la presidenta el club náutico.

"Yo estoy de acuerdo en actuar contra las edificaciones que se han hecho después de la ley, pero las anteriores y que guardan un patrimonio cultural y deportivo, tendrían que ser una excepcionalidad", afirma Gemma Marcé, la cual considera que la ley es muy rígida, y no prevé usos actuales.

La presidenta de la entidad, Gemma Marcé, asegura que «el Club de Mar no es solo un espacio deportivo. Es memoria, es cultura, es identidad y es pueblo».