José Antonio compra una casa en Barcelona por 180.000 euros y, cuatro años después, no le dejan echar al okupa que vive ahí
Este hombre ha contado en televisión el duro proceso judicial que ha tenido que vivir tras adquirir una casa en el barrio de Santa Susanna, en Barcelona
Madrid - Publicado el - Actualizado
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En Cataluña, el fenómeno de la okupación sigue generando una creciente inquietud entre propietarios y vecinos. Según datos recientes del Ministerio del Interior, esta comunidad lidera el número de denuncias por ocupación ilegal en España, concentrando casi el 40% del total nacional. Solo en 2024, se registraron más de 6.000 denuncias, una cifra que, si bien supone un leve descenso respecto a años anteriores, mantiene a la región en el epicentro de la polémica.
Barcelona, en particular, es una de las ciudades más afectadas. La combinación de viviendas vacías, tensiones en el mercado inmobiliario y los vacíos legales ha dado lugar a una situación en la que muchos propietarios se ven atrapados en auténticas pesadillas legales. Uno de los casos más impactantes es el de José Antonio, un vecino de Santa Susanna, cuya historia pone rostro a un problema que parece lejos de resolverse.
El problema de los okupas en Barcelona es muy serio
LA INVERSIÓN DE JOSÉ ANTONIO... QUE LE SALE CARA POR CULPA DE UN OKUPA
José Antonio decidió invertir en el que sería el hogar de su familia. Compró una vivienda en construcción por 180.000 euros. Sabía que estaba okupada, pero, como muchos, pensó que el desalojo sería rápido y sencillo. Cuatro años después, sigue esperando.
“Cuando la compré, pensé que en unos meses podríamos entrar al menos a guardar los muebles, aunque aún estuviera en obras”, cuenta José Antonio con resignación en el programa 'Mañaneros', de Televisión Española. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El proceso judicial se ha alargado durante años, y mientras tanto, él y su familia han tenido que alquilar otro piso para poder vivir. “No solo he pagado la hipoteca, también un alquiler y hasta un trastero para guardar nuestras cosas. Es un gasto imposible de sostener”, lamenta.
En muchas situaciones, tener a un okupa obliga a pasar por un proceso legal
La casa, situada en un entorno tranquilo, está a medio construir. Desde fuera, se pueden ver pertenencias de la persona que la ocupa, ropa tendida y hasta un perro que vigila el acceso. “Cada vez que me acerco, me increpan. Me dicen que esa ya no es mi casa”, denuncia José Antonio. No ha podido ni cruzar la valla del jardín.
Las viviendas okupadas suelen ofrecerse a precios mucho más bajos que las habituales. Plataformas de compraventa advierten del estado de ocupación, dejando claro que el problema pasa a manos del nuevo propietario. “El precio parecía una buena oportunidad”, confiesa José Antonio en el programa. Pero no tardó en comprobar que detrás del supuesto chollo se escondía una trampa burocrática y legal.
Cada vez que me acerco a mi propia casa, me increpan y me dicen que esa ya no es mi casa"
Propietario afectado por la okupación en Barcelona
EL PROCESO LEGAL INTERMINABLE QUE TIENE QUE VIVIR JOSÉ ANTONIO
“El proceso judicial ha sido interminable. Todo son obstáculos y los plazos se alargan sin fin”, explica. Mientras tanto, el inmueble sigue ocupado sin que nadie pueda intervenir directamente. La legislación actual impide desalojos rápidos si han pasado más de 48 horas desde la ocupación y, además, prohíbe cortar el suministro de servicios básicos.
La frustración de José Antonio no es un caso aislado. Cada vez son más los propietarios que se ven en la misma situación, atrapados en largos procesos judiciales, sin poder acceder a sus viviendas. “Estamos desprotegidos. Mientras los okupas viven en mi casa, yo pago todos los meses por una que ni siquiera puedo pisar”, denuncia.
José Antonio asegura que no quiere enfrentamientos, solo recuperar lo que legítimamente le pertenece. “He cumplido con todo lo legal. He pagado, he esperado, he denunciado… pero parece que no hay solución”. Su historia refleja el sentimiento de impotencia que comparten muchos propietarios en Cataluña.
Casos como el de José Antonio han reavivado el debate sobre la necesidad de una reforma legal que permita actuar con mayor agilidad frente a la okupación ilegal. Mientras el Gobierno central defiende que no existe una "alarma real", desde comunidades como Cataluña se reclama endurecer las leyes para proteger a los propietarios y agilizar los desalojos.
El Gobierno actual defiende que no hay una "alarma real" contra la okupación
La situación actual deja a muchas familias en el limbo, asumiendo costes elevados y sin garantías de recuperar su vivienda en un plazo razonable. La okupación se ha convertido en un problema estructural que requiere soluciones claras y eficaces.
Detrás de las cifras, hay historias como la de José Antonio: personas que han ahorrado durante años para comprar una vivienda y que hoy ven su inversión convertida en un quebradero de cabeza. “Solo quiero poder entrar en mi casa”, concluye, con una mezcla de desesperación y esperanza. Mientras tanto, sigue pagando un alquiler mensual por vivir fuera de su propio hogar, mientras un okupa disfruta de su casa sin ningún coste. Una situación que, por increíble que parezca, se repite en muchas otras partes de España.