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El "top manta" tiene un impacto negativo en Barcelona de 130 millones de euros

Así lo cuantifica un estudio elaborado por la patronal PIMEC

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Goñi lamenta la permisividad del ayuntamiento de Barcelona con la venta ambulante ilegal

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 12:23

La patronal de las pequeñas y medianas empresas, PIMEC ha cifrado en 130 millones de euros el impacto negativo que el "top manta" tiene para la economía de Barcelona, para comercios y para la industria. En concreto, calcula que la venta ambulante ilegal tiene un impacto en el comercio de 65 millones de euros, a los que hay que sumar 69 millones que la industria está perdiendo por la comercialización de falsificaciones. Para hacer estos cálculos, en el estudio se estima que en la capital catalana hay unos 900 manteros, aunque también se precisa que en época de máxima afluencia pueden ser 1.000 o incluso 2.000. 

Otro dato a tener en cuenta es que cada mantero le cuesta anualmente a la hacienda municipal unos 1.400 euros. Es el dinero que deja de cobrar el ayuntamiento por licencias municipales o per ocupación de la vía pública, por ejemplo

FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA

Desde PIMEC Comercio, su presidente, Alex Goñi, denuncia la falta de voluntad política para acabar con este fenómeno del top manta que "está perjudicando y mucho", añadía, al pequeño comercio. En declaraciones a COPE Goñi también lamentaba la permisividad del consistorio con esta actividad ilegal, y en cambio, que se mire con lupa a los comercios que cumplen sus obligaciones legales y tributarias. "El ayuntamiento tiene una vigilancia extrema en que si has pagado un metro, no te pases un metro y medio, porque encima te viene una multa. Y una multa de mi o dos mil euros, que en pequeños comercios,  pequeños bares y floristerias, afectan muchísimo. Y por otro lado, ves que hay una permisividad a un grupo enome de productos y ventas ilegales, y nos encontramos indefensos", explicaba el presidente de PIMEC Comercio.

Goñi pide más implicación del ayuntamiento, pero también cree que todas las administraciones deberían llegar a un acuerdo y elaborar un plan conjunto de actuación para controlar mucho más todo el proceso que implica la venta ilegal, es decir, la fabricación de productos falsificados, su transporte, su distribución y almacenaje. 

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