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Miembros de la PAH intentan entrar por la fuerza en el Ayuntamiento del Hospitalet

Intentaban reunirse con Núria Marín para reclamar una solución para Íngrid, una vecina que hace 42 días que vive en una tienda de campaña 

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Tiempo de lectura: 2'Actualizado 16:41

Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca han intentado entrar por la fuerza en el Ayuntamiento del Hospitalet para reunirse con la alcaldesa Núria Marín. Reclaman una solución para Íngrid, una vecina que lleva 42 días viviendo en una tienda de campaña delante de la puerta del consistorio. 

En total, unos 30 miembros de la PAH, piden una solución para esta vecina con un hijo de cinco años a su cargo. Ha sido desahuciada en dos ocasiones en un año. Exige que se le ofrezca un habitante digno. Los agentes de la Guardia Urbana que custodiaban la puerta han impedido que entraran en el ayuntamiento. Solicitaban una reunión inmediata con la socialista Núria Marín y avisaban que no se moverían de la puerta hasta que se les reciba o se les de una fecha concreta. Los agentes han tomado nota a dos portavoces de la plataforma y a la misma Íngrid para tramitar oficialmente la solicitud de reunión.

Los representantes de la PAH han explicado que han decidido hacer esta acción para denunciar la situación de extrema vulnerabilidad que padece Íngrid, que desde el pasado 31 de julio vive en una tienda de campaña. Desde la plataforma avisan que la alcaldesa está incumpliendo la ley 24/2015.

Durante seis años, Íngrid pagó un alquiler de 600 euros sin problemas, que una vez cerró la empresa donde trabajaba se vio en la calle con su hijo de cinco años por no poder pagarlo. Rechazó las ayudas que le ofrecieron por insuficientes, como pagarle tres o cuatro días de alojamiento en una habitación o una pensión o ayudarla a pagar un alquiler. 

Desde el Ayuntamiento del Hospitalet aseguran que los servicios sociales municipales están haciendo todo lo que está en sus manos para resolver la situación de Íngrid. Recuerdan que en el Hospitalet hay más de 300 familias que esperan recibir una vivienda de alquiler social y que no pueden discriminizarlos por priorizar casos por delante de otros.

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