Los equipos jurídicos de JxCat y el PDeCat han elevado el cruce de reproches entre ambas formaciones en los juzgados en la vista de la demanda del PDeCat a JxCat por la supuesta apropiación de la marca por parte del expresidente Carles Puigdemont para su nuevo partido.

La juez ha valorado este viernes las medidas cautelares solicitadas por el PDeCat y decidirá si las acepta en un plazo de 10 a 15 días, mientras que la vista de hoy ha durado más de tres horas y ha contado con la intervención de testimonios que participaron en la asamblea que acabó entregando el control de JxCat a afines a Puigdemont.

El abogado que representa a JxCat, Agustí Carles, ha acusado al PDeCAT de querer "paralizar" la actividad política de la formación que defiende al presentar la demanda, que considera un "fraude de ley".

Carles ha señalado que paralizar la actividad política de JxCat con la adopción de medidas cautelares supondría un "daño irreparable" y comportaría unas pérdidas económicas para la formación que ha cuantificado en 493.000 euros, el resultado de multiplicar la cuota anual de 120 euros por los 4.100 afiliados que ha afirmado tiene Junts.

Asimismo, ha señalado que la demanda del PDeCAT carece de legitimidad en tanto que se tomó por decisión de la Ejecutiva Nacional y no del Consell Nacional, que es el órgano que, según ha argumentado, tiene la potestad para decidir si se presentan o no demandas que afectan al partido.

Carles también ha acusado al PDeCAT de estar metiéndose "en la vida interna de otro partido" y ha enfatizado que JxCat tiene ya más de 4.000 militantes y tiene la intención de presentarse a las próximas elecciones.

Por parte del PDeCat, se ha acusado a JxCat de querer "apropiarse" del capital político de la formación, y su abogada, Laia Bartomeus, ha justificado que la demanda interpuesta por su formación no requería del aval del Consell Nacional, como se ha argumentado desde JxCat.

En la vista de medidas cautelares han participado en calidad de testigos varias de las personas que participaron el 27 de junio en una asamblea de JxCat que acabó desembocando en el control de las siglas por personas de la confianza de Puigdemont.

De los testimonios -de la entonces presidenta de JxCat, Laia Canet, Montse Morante, Irene Negre, Pol Xart, Anna Soriano y el presidente resultante, Carles Valls- se desprende que la asamblea se celebró a través de llamadas telefónicas y mensajes de 'Whatsapp'.

Canet también ha desvelado a su vez que desde el PDeCat le pidieron que interpusiera una demanda contra JxCat por el uso de la marca pero que ella no accedió a ello.

Sobre la disputa entre ambas formaciones a propósito de la marca se ha expresado este viernes, en declaraciones a Efe, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que ha afirmado que esta demanda era "perfectamente evitable" en una relación entre dos fuerzas que debería ser de "amistad".

En este contexto de crisis entre la JxCat de Carles Puigdemont y el PDeCAT liderado por David Bonvehí, el expresident ha dicho estar seguro de que a ambas partes les "saben mal" determinadas acciones que hayan podido llevar a cabo unos y otros.

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No obstante, el hecho de que este contencioso "haya ido a parar a un juzgado, en una relación de amistad y proximidad personal, era perfectamente evitable", ha remarcado.