Todos los actos tienen sus consecuencias. Y más si hay perjudicados directos. El corte de la AP-7 en La Junquera los días 10 y 11 de noviembre de 2019, continúa su recorrido jurídico a la espera de la resolución del juzgado de instrucción número 4 de Figueres (Girona) tras la denuncia presentada por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España. La parte demandante aportó a finales de marzo un informe con las empresas afectadas y sus perdidas por el coste, a petición del juez instructor.

Un camión parado pierde por día 400 euros por lucro cesante. La protesta independentista afectó a 20.000 camiones en ambos lados de la frontera con Francia y duró 3 jornadas. Las perdidas acumuladas ascienden a 24 millones de euros porque muchos camiones estuvieron más de 24 horas varados en el arcén.

Responsabilidades jurídicas

El juzgado de instrucción decidirá si archiva la causa y el coste lo asumirán los transportistas, o bien la admite y si el corte de la AP-7 acaba con una sentencia condenatoria se abriría la puerta a las indemnizaciones correspondientes. La convocatoria de la protesta fue impulsada por la entidad fantasma Tsunami Democratic, sin ninguna persona física reconocible a pesar de que otras investigaciones policiales han vinculado esta entidad creada para organizar las protestas independentistas contra la sentencia del procés, a Xavier Vendrell o David Madi entre otros. Pero también podrían ser imputadas las más de 100 personas identificadas policialmente en la protesta, y que algunos de ellos ya han sido citados por la justicia

El Secretario General de la Federación Nacional de Asociaciones del Transporte en España, Juan José Gil explica en la Cadena Cope "todo depende del juez, nosotros a requerimiento del juzgado hemos transmitido los perjuicios que sufrieron miles de camiones, que estuvieron más de 24 horas parados bloqueados en la carretera sin poder hacer su actividad y alguien tiene que responder de los daños causados a miles de transportistas"

Los transportistas confían en recuperar las pérdidas económicas que sufrieron por vía judicial.