¿Cómo te afecta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula la zona de bajas emisiones de Valladolid?
El consistorio recurrirá la sentencia pero buscará la fórmula para que no se sancione a los conductores mientras se resuelve el proceso judicial
Valladolid - Publicado el - Actualizado
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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha notificado al Ayuntamiento de Valladolid una sentencia que anula la ordenanza que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) por un defecto de forma en su tramitación. El consistorio ha anunciado que interpondrá un recurso de casación por entender, junto a sus servicios jurídicos, que la aprobación se realizó de manera correcta.
El fallo judicial, según el equipo de gobierno, no entra en el fondo del asunto y se limita a una cuestión puramente procedimental. El magistrado considera que la aprobación del proyecto de la ZBE no fue previa a la ordenanza, sino conjunta, lo que invalida el proceso. Esta visión choca con la defensa del ayuntamiento, que mantiene la validez del procedimiento.
Desplegada toda una red de cámaras por la Zona de Bajas Emisiones en Valladolid
Qué pasa ahora con las multas
La principal consecuencia para los ciudadanos de Valladolid es la incertidumbre sobre las sanciones. El alcalde ha dado órdenes de iniciar acciones para suspender los procedimientos sancionadores en el futuro. Sin embargo, las multas emitidas hasta la fecha son firmes y no cabe la posibilidad de anularlas ni de devolver su importe. "Las personas que han sido sancionadas y que han abonado el pago, esas sanciones son firmes", han aclarado desde el consistorio.
El equipo de gobierno justifica la futura suspensión de las sanciones como un "criterio absolutamente de prudencia". Consideran que "el ciudadano no entendería correctamente que si tenemos este proceso judicial abierto, él fuera el receptor de unas sanciones en base a una ordenanza que está cuestionada".
El ciudadano no entendería que si tenemos este proceso judicial abierto, él fuera el receptor de unas sanciones en base a una ordenanza que está cuestionada"
Alberto Gutiérrez Alberca, concejal de Tráfico y Movilidad
Los pasos a seguir
Para materializar esta voluntad política, el Ayuntamiento convocará de inmediato al grupo de trabajo de seguimiento de la ZBE. Además, el Grupo Popular presentará una moción en el próximo pleno municipal para iniciar los procedimientos técnicos y jurídicos que permitan dejar de ejecutar las sanciones "en el momento más corto posible".
A pesar de la intención de suspender las multas, el procedimiento sancionador sigue plenamente efectivo a día de hoy. Se seguirá multando hasta que los servicios jurídicos establezcan el mecanismo formal para detener la ejecutividad, un proceso que podría tardar aproximadamente un mes desde la celebración del pleno. Por ello, el consistorio recomienda "a los ciudadanos que sigan cumpliendo con la zona de bajas emisiones".
El futuro de la ordenanza depende ahora del recurso de casación. Si el tribunal lo admite a trámite, la resolución podría demorarse aproximadamente un año. Si no se admite, la sentencia sería firme y la ordenanza, nula. En cuanto a la recaudación, a 9 de febrero, los ingresos para el Ayuntamiento por la ZBE ascendían a 682.000 euros, con 1.828 expedientes tramitados a cierre de diciembre de 2023.
Posturas enfrentadas en el gobierno
La lectura es distinta para sus socios de gobierno. Desde Vox celebran el revés judicial porque les permite avanzar en su objetivo de acabar con la Zona de Bajas Emisiones. Su portavoz, Irene Carvajal, ha recordado que la ley obliga a delimitar estas zonas, pero no a multar, y justifica la suspensión de las sanciones por motivos económicos.
La prudencia jurídica nos indica que este es escenario propicio para suspender el régimen sancionatorio"
Portavoz de Vox
Carvajal ha explicado que, aunque la resolución no es firme, sí es "ejecutable provisionalmente y por lo tanto, para no incurrir en responsabilidad patrimonial de la administración local, lo que la prudencia indica es la suspensión régimen sancionador".
Críticas de la oposición
Para el Grupo Municipal del PSOE, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia confirma que el Ayuntamiento ha actuado "sin rigor, sin seguridad jurídica y sin la seriedad que exige una medida de esta trascendencia". Los socialistas denuncian la gravísima negligencia del equipo de gobierno de PP y Vox en la gestión de la ZBE, marcada por el retraso y la improvisación.
Esto es lo que pasa cuando tienes un gobierno municipal que se dedica a otras cosas, que no está a lo que tiene que estar"
Portavoz del Grupo Municipal del PSOE
El portavoz socialista, Pedro Herrero, ha denunciado que la ordenanza fue "diseñada tramitada y aprobada exclusivamente con los votos del Partido Popular y de Vox". Según Herrero, la anulación judicial se debe a que el gobierno "no está a lo que tiene que estar y al alcalde que está en el Senado a la política nacional y que no le preocupan absoluto la gestión del ayuntamiento".
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