La 'okupación' de viviendas no solo se ha convertido en un quebradero de cabeza para los vecinos afectados, sino también para los Ayuntamientos. En Arroyo de la Encomienda, los 'okupas' ilegales se han hecho fuertes en 89 viviendas en la urbanización Arroyovereda. Los vecinos denuncian actividades ilícitas en el entorno, enganches en los suministros y una conflictividad en aumento. Desesperados lanzan un SOS que recoge el propio Ayuntamiento de la localidad y que, en COPE, ha respondido la Sareb, organismo que se adjudicó en abril de este año las viviendas subastadas. En su escrito asegura que actuará en cada vivienda 'okupada'.

“Somos conscientes de los problemas de conflictividad que se han dado en ese vecindario”, explican fuentes de la Sareb a COPE, al tiempo que aclara que aún esos inmuebles, adquiridos en subasta hace un mes, aún no están inscritas a nombre de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria.

Protocolo para casos de vulnerabilidad

En el momento en que reciben las viviendas, se activa un protocolo cuyo objetivo es agilizar el procedimiento. La primera de las actuaciones es visitar cada uno de los inmuebles, en este caso, 89 “para comprobar quién vive dentro”.

Una vez que se ha contactado, se comprueba si el inquilino es vulnerable o conflictivo. En el primero de los casos el equipo de trabajadores sociales de la Sareb deben acreditar que realmente existe esa situación de vulnerabilidad. “Después, si se confirma, se les ofrece participar en un programa de acompañamiento que consiste en tramitar las ayudas que les correspondan y entrar en una”. Estos procesos se suelen resolver entre tres y cuatro meses, en función de la agilidad de la familia para presentar la documentación requerida.

Si aceptan colaborar, se les ofrece un alquiler social con duración de siete años. La firma de ese alquiler lleva aparejada la supervisión por parte de los trabajadores sociales de la situación de esas familias y por tanto, en estos casos, son personas que cumplen con las normas de convivencia.

Protocolo para 'okupas' conflictivos

La Sareb es un gran tenedor de vivienda y está obligado a acreditar ante el juez que no son vulnerables para poder solicitar el desalojo. “Todos los desalojos se tienen que realizar por orden judicial y con la colaboración policial”, explican las mismas fuentes.

Con este protocolo inicial de Sareb se agiliza el acopio de la documentación necesaria para que el juzgado estime el desalojo. No obstante, los tiempos no dependen de Sareb, sino de la agilidad de la Justicia. Si el juez permite el desalojo, Sareb incorpora seguridad en las viviendas para que no vuelvan a ser ocupadas.

Además, en este tipo de procesos, Sareb siempre colabora con los Ayuntamientos locales dentro del marco de relaciones institucionales que tiene abierto con las Administraciones Públicas