“Ya hay sitios donde cobran por probarse algunos artículos”. Incluso, “en España”. La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha salido así al paso de sus declaraciones tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Comercio donde se acordó la creación del Observatorio de Comercio 4.0 para garantizar la supervivencia del comercio de proximidad ante el auge del mercado digital.

Según ella misma confirmó a su conclusión, Del Olmo trasladó a sus homólogos la posibilidad de que los comercios cobren “por probarse ropa o zapatos en las tiendas”. Es “simplemente un ejemplo”, matizaba. “Yo no he propuesto nada”, ha insistido tras la polémica suscitada. Al tiempo que ha reconocido estar “contenta” en la medida que ha contribuido a la creación de este debate.

El comentario, apuntan desde la Agrupación Vallisoletana de Comercio, es “desafortunado”. Desde la Federación de Comercio y Servicios de Valladolid y Provincia añaden “si la innovación viene por que el cliente entre a los probadores de nuestras tiendas, se pruebe la ropa y tengamos que cobrarle por esa probatura, me parece que no vamos a captar clientes”.

La Unión de Consumidores de Castilla y León duda acerca de su legalidad. Cuestiona quién y cómo va a controlar si, una vez dentro del probador, el cliente efectivamente se ha probado una prenda de ropa. Es “poner puertas al campo” confiesa su vicepresidente, Alberto Azúa, para quien esta medida supondría “dinamitar” el “busque, compare y, si encuentra algo mejor, cómprelo”.

Las palabras de Pilar del Olmo no han pasado desapercibidas para sus adversarios políticos. El procurador del PSOE en las Cortes de Castilla y León, Pedro González, ha reconocido que en un primer momento pensó que se trataba de una “broma”. Por su parte, Ciudadanos, socio de Gobierno del Partido Popular en la Junta de Castilla y León, ha considerado que su regulación supondría una injerencia en la empresa privada. “Habrá algunas que consideran que es una buena medida para su negocio y otras que no”, ha advertido su portavoz, Luis Fuentes, quien ha apelado a la “libertad” de decisión del comerciante.