El fin de la minería de carbón —fechado a 31 de diciembre de 2018—, el cierre de las centrales térmicas dedicadas a la producción de electricidad que el Gobierno ha adelantado a 2020 —el Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea aprobó mantener su actividad subvencionada hasta 2030— y el expediente de regulación de empleo de extinción laboral para la totalidad de la plantilla —362 trabajadores— que ha presentado Vestas en su factoría de Villadangos del Páramo, en la provincia de León.

Con este horizonte sobre Castilla y León ha recalado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en Valladolid. Y, lejos de clarificar las “alternativas” en las que trabaja el Ministerio para los 81 municipios mineros de la Comunidad, ha abundado en el “descuido” del Gobierno de Mariano Rajoy para propiciar un “futuro diferente”.

La Junta de Castilla y León acusa a Ribera de atender únicamente a una cuestión “ideológica”. En palabras de su portavoz, Milagros Marcos, ha lamentado tener que “dar la razón” a Luis Tudanca, secretario general del PSOE de Castilla y León, quien a principios del mes de septiembre manifestó su esperanza de no tener que “sufrir decisiones” de la ministra de Transición Ecológica. Es “la peor”, ha sentenciado Marcos.

Por su parte la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha contradicho las declaraciones de Ribera cuando justificaba el alza del precio de la luz con el precio de la tonelada de carbón. “El carbón baja el precio de la electricidad”, ha afirmado. Y así se ha hecho constar en el documento que, sin el apoyo de Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida, se ha elevado al Gobierno de Pedro Sánchez desde el Comité de Seguimiento de los Municipios Mineros. Para Del Olmo, quien ha advertido de un “alarmante” incremento de la factura de la luz en caso de ejecutarse el cierre de la minería y la energía nuclear, el carbón es un “respaldo” para mitigar subidas en el recibo, así como “garantía de continuidad” para las centrales térmicas.

No es la primera vez que Teresa Ribera arremete contra el Gobierno del Partido Popular. Tras el anuncio de la compañía danesa Vestas, atribuyó a la política energética del Ejecutivo de Mariano Rajoy el cierre de su factoría en Villadangos del Páramo, en la provincia de León. Declaraciones que el secretario regional de los 'socialistas', Luis Tudanca, consideró un “error”.

Mañana está previsto un nuevo encuentro en el Ministerio de Industria para abordar el futuro de los 362 trabajadores de Vestas en la provincia leonesa. Ribera ha confirmado que se trabaja para “reactivar” la situación. Por el momento, insiste la Junta de Castilla y León, “no hay acuerdo” ni “principio” de acuerdo. Y la portavoz, Milagros Marcos, advierte que no van a rebajar “ni un ápice” sus reclamaciones. Vestas, advierte, no va a “irse de rositas” después de haber registrado un beneficio en el pasado año de 800 millones de euros y haber recibido de la Administración más de 12 millones de euros en ayudas, co financiadas por la Unión Europea, para su establecimiento en León.

Junta de Castilla y León, sindicatos y trabajadores barajan únicamente dos alternativas: la retirada del expediente de regulación de empleo de extinción laboral o la reindustrialización de la fábrica. Si la Compañía danesa no es capaz de encontrar una alternativa al cese de su actividad, apunta Del Olmo, abre la vía a que deje un “fondo” para que la Fundación Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León pueda hacerse cargo de esta tarea. Otra posibilidad, añade Marcos, es la venta de la planta a un precio “simbólico”.

Por su parte Vestas asegura haber ofrecido al Gobierno y a la Junta de Castilla y León un plan de medidas que incluye el mantenimiento del "mayor número de empleos posibles" mediante recolocaciones y la búsqueda de inversores para la planta de Villadangos del Páramo. Condiciona su implementación a la firma del expediente de regulación de empleo presentado para el "cese ordenado" de la producción en la fábrica hasta el 31 de diciembre de 2018.