La gestión de la crisis migratoria ha erosionado aún más las relaciones entre el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León. Pero está provocando también un nuevo choque en el Gobierno de coalición PP-VOX.

Por un lado, el enfado del Ejecutivo autonómico, que asegura no haber tenido constancia de la llegada de inmigrantes procedentes de Canarias hasta que estaban ya alojados en un balneario de Medina del Campo.

La delegada del Gobierno, Virginia Barcones (PSOE), según ha relatado el portavoz de la Junta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, no ofreció ningún tipo de información hasta que fue telefoneada por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco (PP). Misma tesis que sostiene el alcalde de Medina del Campo, que tampoco fue informado con carácter previo. Carlos Fernández Carriedo (PP) ha tildado de "desleal" el proceder del Gobierno de España, al que acusa de "falta de transparencia" por haber actuado de espaldas a las comunidades autónomas que, como Castilla y León, están acogiendo a inmigrantes procedentes de África.

Choque entre PP y VOX

En paralelo, un Gobierno de coalición con dos posturas: la que ofrece el Partido Popular a través del portavoz de la Junta, instiendo en que Castilla y León es “tierra de acogida”; y la que ofrece el vicepresidente Juan García-Gallardo (Vox), tildando de “invasión” el traslado de inmigrantes procedentes de Canarias.

El vicepresidente de la Junta se plantó en Medina del Campo el mismo día en que llegaron 183 inmigrantes para afirmar que su acogida en Castilla y León compromete la seguridad de las mujeres del municipio vallisoletano. El dirigente de Vox incidió en que se trataba de varones "en edad militar" en un vídeo grabado a las puertas del citado balneario del municipio vallisoletano de Medina del Campo.

Las palabras han hecho estallar en bloque a la oposición en las Cortes de Castilla y León. De hecho, el PSOE espera que la Fiscalía actúe de oficio contra la que consideran un posible delito de odio. Su viceportavoz en el Parlamento autonómico, Patricia Gómez, ha tildado de "racistas" las declaraciones del vicepresidente de la Junta.

La respuesta del vicepresidente de la Junta a la llegada de inmigrantes procedentes de Canarias, todo apunta, dinamitará cualquier posibilidad de acuerdo solo un día después de los primeros contactos. Y es que el Gobierno autonómico, a través de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), había ofrecido a los partidos con representación en las Cortes pactos en materia de Sanidad, financiación autonómica y Corredor Atlántico.

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El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha advertido a Fernández Mañueco que antes de seguir con las conversaciones su número dos tendrá que ser apartado del Ejecutivo. "En Castilla y León", ha subrayado Igea, "no hay lugar para la xenofobia".

La posición de Vox no es la de la Junta

El portavoz de la Junta ha salido al paso de las críticas asegurando que García-Gallardo no empleó medios propios del Gobierno autonómico para hacer públicas sus declaraciones a las puertas del balneario de Medina del Campo. Aunque no ha podido aclarar si el vicepresidente se desplazó hasta Medina del Campo en coche oficial.

Carlos Fernández Carriedo ha evitado desautorizar al dirigente de Vox. Lo que sí ha hecho ha sido desmarcar sus palabras de la posición oficial de la Junta de Castilla y León. Sostiene el portavoz de la Junta que las palabras de García-Gallardo corresponden a una opinión "personal" o "de partido".

García-Gallardo ha insistido en que su postura es también la de la Junta de Castilla y León. Eso sí, esta vez con el logo del Gobierno autonómico a sus espaldas, ha rebajado el tono y se ha ceñido a la literalidad del acuerdo de Legislatura en el que Partido Popular y Vox se comprometieron "en la medida de nuestras posibilidad" a "facilitar una inmigración ordenada". Y eso mismo es lo que pide el vicepresidente de la Junta al Gobierno central. Además de que "detenga el efecto llamada y la financiación de ONGs que colaboran con el tráfico de personas".

Traslado de inmigrantes desde Canarias a Castilla y León

Y te preguntarás: ¿Cuántos inmigrantes procedentes de Canarias van a ser trasladados a Castilla y León? 395, según ha confirmado la Delegación del Gobierno en Castilla y León. ¿Y cómo serán distribuidos? La gran mayoría, 275, en la provincia de Valladolid. El resto, en las provincias de Ávila, Burgos, León, Salamanca y Segovia.

Sostiene la Junta que la respuesta a las necesidades de estos inmigrantes habría sido “más eficaz” si hubiese habido información previa. Por el momento, el Ejecutivo autonómico desconoce si serán necesarios sus propios medios. La atención a estos inmigrantes, según ha podido saber COPE, está siendo asumida por la ONG Accem.