La Confederación General del Trabajo (CGT) presentará esta semana recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Nacional que avala, aunque no de forma unánime, el expediente de extinción de contratos —92 en Valladolid— en la empresa Lindorff acordado entre la dirección de la compañía de recobros y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT.

En su escrito, de 140 páginas, dos de los tres magistrados consideran “probado” que el mercado en el que trabaja Lindorff-Aktua es “más rentable” cuando se produce una crisis económica y “se reduce” cuando mejora esa coyuntura. Señalan, además, que las previsiones para el ejercicio económico de 2018 se presentan “muy negativas” en tanto que se va a producir “objetivamente” una reducción de los ingresos superior al 15 por ciento. Esto es, más de 20 millones de euros.

Sin embargo, el voto particular de la juez Emilia Ruiz-Jarabo da “alas” a CGT. La magistrada cuestiona la manera “artificiosa” en que la Compañía ha seleccionado a las empresas propiedad del grupo Intrum afectadas por el ERE y que supondrá el despido de 314 trabajadores en toda España.

Con este voto particular, apunta el secretario de la sección sindical de CGT en Lindorff, Jaime Esteban, está “más que demostrada” la irregularidad del proceso. Esteban sostiene que la Compañía debería haber abierto una mesa de negociación del ERE por cada una de las cinco empresas, no solo en tres, para indicar los motivos de esta decisión empresarial.

La decisión del Tribunal Supremo, ante la que ya no cabrá recurso, se extenderá durante ocho o 10 meses. Hasta el mes de junio, se han producido 55 despidos en el centro de recobros que Lindorff dispone en La Cistérniga (Valladolid). Conocido el fallo de la Audiencia Nacional, Esteban prevé que la Compañía retome los despidos.

Fuentes sindicales han confirmado a COPE que Lindorff, en pleno proceso de ejecución del expediente de extinción de contratos, ha incorporado a cinco nuevos trabajadores a su plantilla en la provincia vallisoletana. Incorporaciones que CGT ha denunciado ante la Inspección de Trabajo.