Partido Popular, PSOE y Ciudadanos cierran filas en torno a la caza. Los grupos parlamentarios han apoyado la tramitación de una proposición de ley, cuya aprobación está prevista para la última sesión plenaria de las Cortes, en defensa de la actividad cinegética en la Comunidad tras la reciente suspensión cautelar dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

En su defensa, las tres formaciones han apelado a criterios económicos, sanitarios, de control de la fauna salvaje y de seguridad vial. El líder de los 'populares' en la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco, ha recordado que la actividad cinegética da empleo a 8.000 personas en Castilla y León y supone un impacto de alrededor de 500 millones de euros. Fernández Mañueco ha arremetido conta sus detractores. Movidos, dice, por razones "ideológicas".

El PSOE ha situado su apoyo a esta iniciativa en el marco de la política "útil". Con todo, el procurador José Luis Aceves ha acusado al Partido Popular de pretender eludir su responsabilidad. La situación hoy, ha denunciado, es resultado de su "mala gestión" al frente del Ejecutivo regional. Una idea compartida por Ciudadanos. “Algo no se ha hecho bien por el Partido Popular cuando estamos intentando salvar a la caza”, ha apuntado el procurador de la formación naranja José Ignacio Delgado.

Los grupos parlamentarios se han emplazado, además, al desarrollo de una nueva Ley de Caza. Que habrá de esperar, al menos, hasta la próximo Legislatura. A esta reclamación sí se ha sumado Podemos, que se ha abstenido en la votación de la proposición de ley, reconociendo las "graves consecuencias" medioambientales que conllevaría la supresión de la caza de forma indefinida. El procurador de la formación morada, Félix Díez, ha tildado de "parche" el texto que hoy ha superado su primer trámite parlamentario.

Izquierda Unida, único voto en contra

El portavoz de Izquierda Unida, que se ha quedado solo votando en contra, ha sido especialmente crítico. José Sarrión ha defendido una caza "profundamente regulada y claramente acotada" y ha considerado un "error" haber incorporado en la nueva normativa una lista de especies que, asegura, está desactualizada. También haber elegido para su tramitación la vía de la proposición de ley en lugar de la del decreto, que "vulnera" la tutela judicial efectiva en tanto que anula la posibilidad de que la sociedad civil denuncie el texto.

Ni un paso atrás de los cazadores

Hasta en ocho ocasiones, los tribunales se han pronunciado en contra de la regulación que de la caza ha hecho la Junta de Castilla y León. La última, en un fallo favorable a un recurso planteado por el partido animalista PACMA. Estas decisiones han llevado a los cazadores a estudiar posibles acciones legales. En concreto, contra la titular de la Sala de lo Contencioso Administrativo por un posible delito de prevaricación.

Los cazadores arremeten contra el "progresismo radical", al que acusan de haber "contaminado" parte de la judicatura tras los fallos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Ante la sede del Parlamento autonómico, piden su apoyo para proteger la actividad cinegética. pic.twitter.com/G3gx3QgmXS

— COPE Valladolid (@ValladolidCOPE) 13 de marzo de 2019

Precisamente, a las puertas de las Cortes de Castilla y León, el presidente de la Oficina Nacional de la Caza, la Conservación y el Desarrollo Rural, Felipe Vegue, ha denunciado que el "progresismo radical" ha "contaminado" a parte de la judicatura. Y, al tiempo que cazadores llegados a la sede del Parlamento autonómico desde distintos puntos de la Comunidad pedían amparo a los grupos políticos, Vegue ha defendido que la caza con perros es "una libertad" que no les podrá coartar "nadie".