Desde el Arzobispado de Valladolid informan de que el día 5 de febrero se celebraba la Eucaristía a las 13 horas en la Iglesia conventual de San Benito. Al participar unas cincuenta personas (menos del 10 por ciento de su aforo) una persona denunció a la Policía la posible infracción de la norma de la Junta de Castilla y León que fija en 25 el número máximo de asistentes y se abrió un expediente sancionador.

Reconocen que “todos hemos de colaborar en la lucha contra la pandemia y sus consecuencias”. Por ello, la Archidiócesis de Valladolid insta al pueblo cristiano y a los presbíteros a poner en práctica las medidas acordadas por las autoridades, como ya expresaron los obispos de las once diócesis castellanoleonesas en el comunicado conjunto del pasado 16 de enero. En ese mismo texto los obispos solicitaron un cambio en la manera de regular las restricciones de aforo sin haber recibido, hasta ahora, respuesta razonada de la decisión adoptada. Las diócesis de Valladolid y Salamanca ya reclamamos lo mismo en septiembre, con la misma falta de respuesta.

Añaden que el cumplimiento de las leyes “no exime del deber ciudadano de criticarlas y solicitar su modificación”. El hecho ocurrido, en su lugar y contexto, pone de manifiesto, opinan, que esta norma, “no guarda elementales principios de justicia y proporcionalidad”. En el mencionado comunicado los Obispos se indicaba: “No nos parece adecuado que el criterio de ese mayor esfuerzo sea una limitación de aforo expresada en términos absolutos –máximo de 25 personas por templo– cuando la superficie y volumen de los miles de templos, ermitas y capillas que hay en Castilla y León es muy diversa. Creemos que el criterio proporcional que se ha sido seguido en España durante las diversas fases de la pandemia es más justo.

El criterio del numerus clausus es “injusto por desproporcionado”, ya que impide el ejercicio del derecho fundamental de la libertad de culto (art. 16, 1º de nuestra Constitución) a personas que podrían ejercerlo en tantos de nuestros templos que, aun con estricta limitación proporcional de aforo, podrían acoger a más de 25 participantes sin poner en riesgo la salud propia y ajena”.

El numerus clausus trata de la misma manera a situaciones desiguales. El ejemplo de la Iglesia de San Benito, uno de los templos de mayores dimensiones de la ciudad (1.600 m2), lo pone de manifiesto.Confirma también la falta de equidad de la norma que cines, teatros y otros espectáculos tengan una limitación proporcional de aforo (1/3) y los templos, esa misma limitación de un tercio, pero con un tope máximo de 25 personas.

En los templos figura en la puerta el aforo permitido y muchos colocan la expresión “COMPLETO”, pero, las recomendaciones de ventilación y de seguridad piden dejar la puerta abierta, por lo que otros fieles pueden entrar y el celebrante no puede impedirlo.

El conflicto surge “al no comprender que para los católicos es esencial participar en la Eucaristía”. Por eso se admite que en las aulas puedan agruparse alumnos; en las fábricas, trabajadores; en trenes y autobuses, viajeros; en los mercados, compradores (como en el anejo a San Benito en el que a la misma hora había mas personas que en el templo con un aforo menor). Sin embargo, la participación en el culto cristiano se considera algo prescindible. Es muy importante que los católicos compartamos con nuestros conciudadanos y hagamos llegar a las autoridades esta convicción de fe que, además, es un derecho constitucional.

Añaden desde el Arzobispado que comprenden y piden que se cumplan las medidas sanitarias, e incluso la reducción de aforo, pero de manera “justa y proporcional”. Además, en los templos seguimos queriendo ser tan escrupulosos como hasta ahora con las medidas de distanciamiento, higiene y ausencia de contacto social siguiendo las pautas de las autoridades sanitarias y el protocolo ofrecido por la Conferencia Episcopal.

Demandan, de nuevo, al Gobierno de Castilla y León que suprima el numerus clausus de 25 personas y se establezca la limitación proporcional y razonada de aforos en templos, como en el resto de las comunidades autónomas, revisable según sea la situación de la pandemia.