Única voz en la Junta de Castilla y León en defensa de la natalidad y de las familias. Un mismo discurso y un protocolo consensuado, como parte del pacto de gobierno, para poner freno al incremento de abortos que se ha disparado un siete por ciento. Sin obligatoriedades, pero con más herramientas para que las madres libremente sopesen si siguen o no adelante con el embarazo. Este acuerdo respeta la ley estatal si bien ofrece ayuda a las mujeres que lo precisen a superar las dificultades para ser madre. Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad lo explica en declaraciones a COPE. “Garantiza el cumplimiento de todos los protocolos, garantiza el cumplimiento de la ley en todos sus extremos y hay que dejar muy claro que nuestra obligación legal es dejar siempre en primer plano la voluntad de la mujer”.

El protocolo anunciado por el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, tras el consejo de gobierno, refuerza las medidas sanitarias ya existentes, como la atención psicosocial. Como novedad, se extenderán las ecografías 4D a todas las mujeres gestantes. De momento, no todos los hospitales cuentan con esta tecnología, si bien se va a proveer y facilitar el acceso.

Los socios de gobierno insisten en que este refuerzo trata de poner freno al aumento de los abortos, pero en ningún caso existe obligatoriedad. Se respeta la objeción de conciencia del profesional sanitario y la voluntad última de la madre gestante. En ello insistía en Trece TV el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo. “Esto no trata de atacar a las mujeres, de ningún modo, ni de coaccionarlas. Es voluntaria y no hay ninguna restricción de ningún tipo de derecho”.

Sin coacciones y con escrupuloso respeto a la nueva ley del aborto del gobierno de Sánchez, la Junta ofrece un refuerzo de las medidas ya disponibles a las madres y protege también a los profesionales que opten por la objeción de conciencia para interrumpir los embarazos.

El arzobispo de Valladolid D. Luis Argüello, subraya la importancia de que la mujer sea informada si se plantea interrumpir el embarazo. Considera que es fundamental que a la hora de tomar esta decisión, tenga todas las herramientas a su alcance para dar continuidad o no al proceso de gestación. “Un Estado que quiera regular una situación que incluso llama derecho, no puede suprimir toda la información posible y todas las vías de solución de salida, incluidas las de vivienda, incluidas las económicas o las laborales que favorezcan la vida”.

Desde las asociaciones provida como 40 Días, reciben este refuerzo como una garantía más para las mujeres para que tomen la decisión de forma consciente, frente a una ley estatal que venda los ojos y no ofrece las consecuencias que conlleva someterse a un aborto. “ La Ley del Aborto promovida por el Gobierno quiere que las mujeres vayan con los ojos vendados al aborto obviando las consecuencias físicas y psicológicas que tienen. Este tipo de iniciativas no sabemos si pueden disuadir o no, pero van a dar libertad a la mujer para tomar una decisión consciente de lo que está haciendo”, apunta, Luis Beña Hitos.