“La coyuntura económica de Castilla y León se encuentra en un momento de calma tensa donde las variables económicas positivas y negativas están compensadas”. Lo ha dicho el director del Servicio de Estudios Económicos, Juan Carlos de Margarida, quien apunta que “el PIB disminuye, pero no llega a ser negativo; la industria se mantiene, pero descienden sus márgenes; el empleo es estable, pero va perdiendo fuerza; y la confianza de las familias y las empresas disminuye muy lentamente”. Todo, se sustenta en una realidad con “grandes dudas y altos niveles de incertidumbre”, donde cualquier cambio en el ámbito socioeconómico a nivel internacional puede modificar “drásticamente” todas las previsiones “a peor”, y en el mejor de los casos, a mantenerlas en un periodo mayor de tiempo de lo que se esperaba inicialmente.

Los indicadores económicos, ha dicho, sitúan a Castilla y León ante un doble escenario de decrecimiento contenido y de debilitamiento económico generalizado debido a la conjunción de variables que crean “incertidumbre”, apunta De Margarida, como la caída de la demanda, de la inversión de las empresas y de las exportaciones, o bien el deterioro de la confianza de familias y empresas, entre otras y que junto al debilitamiento de la economía mundial, la crisis energética, el encarecimiento de los suministros y la guerra en Ucrania, apuntan hacia una “ralentización” de la economía sin “visos claros” de poder pararla en 2023, y con un “estancamiento” en 2024.

Para estimular el crecimiento económico de la Comunidad, De Margarida apuesta por reducir la inflación con reformas estructurales y una política fiscal “coherente”, reducir la dependencia de China diversificando las cadenas de suministro, incrementar la eficiencia energética o disminuir el gasto público, entre otras acciones. Además, añade, “las medidas que se implementen para disminuir la inflación y el decrecimiento económico han de ser de carácter temporal para no incrementar el déficit estructural.