La Policía Nacional ha detenido a dos personas, una con antecedentes policiales ,por favorecer la inmigración irregular en nuestra ciudad. Lo hacían mediante contratos de arrendamiento de viviendas fraudulentos, extraída de documentos extraviados o sustraídos o incluso datos de su entorno socio-familiar sin que los afectados los supieran. Ellos lo que pretendían era regularizar su situación administrativa o reagrupar a sus familiares.

La operación policial, denominada 'Family' continúa abierta sin que se descarten más detenciones. Hasta la fecha ha permitido detectar más de una docena de contratos falsificados, que afectan a diez viviendas de la ciudad de Valladolid y se han paralizado 23 expedientes de reagrupación familiar

Los agentes iniciaron la investigación hace un año, en coordinación con la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de Valladolid y el Negociado de Población del Ayuntamiento de Valladolid cuando detectaron irregularidades en la presentación de solicitudes de reagrupación familiar por parte de ciudadanos marroquíes. Éstos presentaban contratos de arrendamiento de domicilios a los que nunca habían accedido y a cuyos arrendadores ni siquiera conocían.

La red desarticulada ofrecía asesoramiento, acompañamiento y documentación requerida a los ciudadanos extranjeros solicitantes que tenían el deseo de regularizar su situación en España o reagrupar a sus familiares de forma fraudulenta.

MODUS OPERANDI DE LOS DETENIDOS

El detenido de 41 años era el individuo de enlace, de origen marroquí que lleva varios años en España. Todo esto otorgaba cierta confianza a las víctimas y permitía la captación de clientes salvando la barrera del idioma y su desconocimiento de la legislación española.

El otro detenido es un ciudadano español que se encargaba de elaborar los contratos de arrendamiento obteniendo las direcciones a utilizar entre su círculo familiar y laboral o bien a través de la obtención de documentos de identidad extraviados o sustraídos en los mercadillos. A éste último le abonaban las víctimas entre 2.000 y 3.000 euros dependiendo de sus posibilidades económicas.

Tras los beneficios obtenidos inicialmente, los investigados comenzaron a necesitar nuevas direcciones para no ser detectados por lo que utilizaron para ello los domicilios de su círculo socio-familiar sin el consentimiento de sus propietarios. Estos últimos figuraban como arrendadores de sus propios domicilios sin tener conocimiento de ello.

EL FINAL DEL NEGOCIO

El entramado criminal comenzó a desmontarse cuando a los ciudadanos extranjeros se les exigió, como requisito para ser concedida la solicitud de reagrupación familiar, presentar un informe de ocupación de vivienda en el que se reflejara que las personas empadronadas en el inmueble no superaban la capacidad de la vivienda.

Fuentes policiales han indicado que los investigados "no tuvieron escrúpulos" en tramitar la baja en el padrón de habitantes de los verdaderos moradores cuando daban de alta a su "cliente", pero desconocían que, al efectuar tal procedimiento, el Ayuntamiento de Valladolid comunicaba tales hechos mediante carta a los afectados.

Estos, en su declaración en dependencias policiales, manifestaron a los agentes desconocer los hechos y se pudo demostrar que no coincidían sus firmas con las que figuraban en los contratos fraudulentos presentados.

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