La Junta de Castilla y León ha adjudicado a Cruz Roja el contrato para la gestión de la teleasistencia avanzada para la atención a la dependencia 5.0, según ha avanzado este viernes la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, durante una visita en Burgos a las instalaciones de la entidad adjudicataria.

Blanco, acompañada del consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, y del presidente regional de Cruz Roja, José Ignacio de Luis Páez, ha explicado que con este contrato se da "un paso definitivo" hacia una prestación homogénea y de mayor calidad en este recurso social en todo el territorio autonómico.

El último, ha dicho, es asegurar la accesibilidad a los usuarios en condiciones de igualdad y, a su vez, garantizar la protección de las personas más vulnerables, persiguiendo asimismo una mejora de su bienestar.

En colación a esto, ha explicado que la teleasistencia avanzada va a permitir reforzar los cuidados y el apoyo que reciben las personas en sus propios domicilios, personalizar la atención, en función de las necesidades y circunstancias de cada usuario, especialmente si son dependientes, y mejorar la prestación y la colaboración entre profesionales por medio de protocolos y procedimientos bien definidos.

Para lograr estos objetivos, Isabel Blanco ha explicado que este servicio se desarrollará de la mano de las nuevas tecnologías, en colaboración con las corporaciones locales y con el Tercer Sector Social, en el marco del proceso de modernización de los Servicios Sociales y de consolidación del sistema de atención a la Dependencia 5.0 impulsado por la Junta.

Nuevo Marco Legal

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El trámite administrativo del que ha informado Isabel Blanco, que es el último antes de la formalización del contrato, se ampara en la nueva redacción de la Ley de Servicios Sociales. Una reforma normativa que ha permitido eliminar el copago de los usuarios y licitar un primer contrato financiado en exclusiva por la Gerencia de Servicios Sociales y que ha recaído en Cruz Roja, al presentar la mejor oferta económica.

El contrato tendrá una vigencia anual, con una media de 10.662 usuarios al mes y un coste para la Junta de 12,3 euros mensuales por persona atendida y con la estimación de incrementar el 10 por ciento la cifra de beneficiarios. El contrato abarca la gestión del recurso en los territorios donde los convenios para su prestación habían perdido ya su vigencia o la iban a perder antes del 1 de junio de este año.

Esto afecta a los ayuntamientos de Ávila, Burgos, Miranda de Ebro, León, San Andrés del Rabanedo, Ponferrada, Palencia, Soria y Zamora y de las diputaciones provinciales de Ávila, Burgos, León y Segovia, si bien la intención de la Junta es irse haciendo cargo de la gestión a medida que vayan venciendo los contratos en otros municipios.

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