El Gobierno de Castilla-La Mancha se personará como acusación popular ante una agresión sexual derivada de sumisión química para que recaiga sobre el violador "todo el peso de la ley", según ha avanzado este martes la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández.

En una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Fernández ha informado de que esta decisión se formalizará en el próximo encuentro del gabinete para darle forma jurídica, aunque ha advertido de que "la decisión política está tomada".

"No es ninguna tontería ni vamos a mirar a otro lado bajo ninguna circunstancia", ha aseverado la consejera, que ha asegurado que las víctimas serán "atendidas, protegidas y asesoradas" ante este tipo de delitos y ha añadido que el pinchazo agrede a la mujer que la recibe porque "se le inocula miedo", que es el "peor enemigo de la libertad".

En esta línea, la titular de Igualdad ha alertado a quien comete este tipo de agresiones que, si piensa que lo hace "de broma", que se "atenga a las consecuencias" porque si las autoridades lo identifican sufrirá "serias repercusiones penales".

De esta manera, se actualiza el protocolo de actuación, que pretende integrar "todas las puertas de entrada" de una víctima para que todo el sistema esté coordinado, comparta información y sepa cómo actuar en todo momento, ha destacado Fernández.

Por ello, la Junta remitirá este protocolo a los centros de salud, se colgará en el portal de Sanidad y se mandarán instrucciones a los Ayuntamientos que cuenten con puntos violeta, además de a los propios que gestiona el Ejecutivo autonómico.

El Gobierno regional ha establecido un "código violeta" que reconocen los servicios de emergencia del 112, las urgencias hospitalarias, la Atención Primaria y los puntos violeta que tanto la Junta como los consistorios tienen distribuidos por toda la comunidad autónoma, en total cuarenta espacios a lo largo del verano.

El protocolo establece actuar "con rapidez y no dejar sola a la víctima", que en el 80 por ciento de los casos son mujeres, aunque no presente síntomas, buscar el punto violeta más cercano o llamar al 112 para que envíe una ambulancia para desplazar a la afectada al Hospital.

"Establece qué hacer para atender rápido a la víctima, creerla, acompañarla", ha subrayado Fernández, que ha resaltado las más de 1.300 personas que se han acercado hasta algún puntos violeta en esta campaña para reclamar información, una cifra que espera llegar a las 4.000.

Fernández ha recordado que un pinchazo de estas características, con droga o sin ella, es una agresión penada por el Código Penal y es un delito público que genera "alarma social" y que se puede perseguir desde la Administración y los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En Castilla-La Mancha, diez personas han acudido al sistema sanitario tras haber recibido pinchazos, en ocho de ellos ha habido denuncias y en los otros dos restantes, no.

Todos los casos, salvo dos que aún están pendientes, han dado negativo en un primer análisis de drogas, a falta de la confirmación del Instituto Nacional de Toxicología.