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El Partido Popular pide que se paralice la compra del Banco de España

Denuncian que el edificio se ha adquirido en contra de todos los grupos de la oposición por 3,3 millones de euros, es decir, por 535.000 euros más de su valor

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COPE ALBACETE/AM

Tiempo de lectura: 4'Actualizado 12:21

El concejal ‘popular’, Alberto Reina, ha informado en rueda de prensa de la moción que el Grupo Municipal del Partido Popular presentará al próximo Pleno para solicitar al Ayuntamiento de Albacete “que deje sin efecto y no ejecute el acuerdo de adquisición directa del edificio del Banco de España en los términos que actualmente están establecidos", al considerar que “va en contra de los intereses del Consistorio, de nuestra ciudad y de todos los albaceteños”.

Alberto Reina ha recordado que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Albacete aprobó el pasado 20 de mayo el expediente de adquisición directa del inmueble ‘Banco de España’ “previa declaración de urgencia, de forma totalmente precipitada, lesiva para los intereses municipales y en contra de todos los grupos políticos de la oposición”, aceptando así la oferta de venta presentada por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio por un importe de 3,3 millones de euros, 535.000 euros más de su valor real, ya que “el precio actual de tasación que hace la propia SEGISPSA es de 2,7 millones de euros”.

A esta compra por encima de su valor real, hay que sumar otros gastos que no están contemplados, ya que en los últimos 18 años SEGIPSA ha estado pagando los mantenimientos, consumos, seguros e impuestos municipales, siendo además responsable del edificio, por lo que tras la venta se ahorrará los gastos que ahora está asumiendo, recordando que esta sociedad estatal no ha tenido ninguna oferta de compra por el edifico en los últimos 20 años, ni lo ha utilizado para los servicios periféricos del estado que están de alquiler o en instalaciones claramente mejorables como la Inspección de Trabajo porque no le resulta rentable, tal y como ha explicado el concejal del Grupo Popular.

La moción del Grupo Popular solicita además que previamente al inicio de un nuevo procedimiento de compra se realice un estudio “serio y riguroso de necesidades, usos y costes” que conllevará no sólo la compra sino también la rehabilitación y adaptación del edificio a los usos que se determinen, incluyendo dicho estudio la estimación de costes de mantenimiento y personal que conllevará su apertura, así como la posibilidad de realizar una compra parcial en función de las necesidades de espacio del Ayuntamiento.

En el caso de que estos estudios determinen la necesidad de proceder a esta compra, desde el Partido Popular solicitan al Ayuntamiento que “inicie un nuevo procedimiento de adquisición, negociando unas condiciones más favorables a los intereses municipales, considerando el valor real del inmueble, así como los estudios aludidos en el anterior punto” y sobre todo que este proceso se haga con el consenso y participación de todos los grupos municipales, tal y como ha explicado Alberto Reina.

Desde el Grupo Popular han querido dejar muy claro que “estamos completamente de acuerdo con el hecho de recuperar el uso de este edificio tan emblemático de la ciudad de Albacete para todos los albaceteños, pero con lo que no estamos de acuerdo es con que se haga a cualquier precio, sin tener en cuenta para qué se va a destinar y sin saber los costes de rehabilitación ni mucho menos de adaptación a los citados usos, y sin saber qué coste de mantenimiento y personal tendrán esas nuevas dependencias”.

Según ha señalado Alberto Reina, el Partido Popular no está de acuerdo en la urgencia, en el momento escogido para realizar en esta compra, en el destino del bien ni en la forma de acometer el expediente, asegurando que “la negoción que ha llevado a cabo el Equipo de Gobierno ha sido nefasta para los intereses de Albacete y de los albaceteños cuando, en principio, lo tenía todo a favor para haber realizado una negoción en una posición de mayor fuerza”.

Concretamente, el concejal ‘popular’ ha señalado que “no estamos de acuerdo en la urgencia con la que se ha llevado a cabo el expediente, ya que se ha precipitado de forma atropellada en las últimas semanas tras la inacción manifestada por el Equipo de Gobierno durante prácticamente cinco meses”, convencido de que “estas prisas sólo se justifican para poder decir que han cumplido un punto de su pacto de gobernabilidad”.

Alberto Reina considera que el momento elegido para realizar la compra tampoco es el adecuado, ya que las circunstancias actuales de la pandemia y la reducción de ingresos del presupuesto municipal no son las mismas que cuando se firmó el acuerdo de gobierno entre el PSOE y Ciudadanos el pasado mes de junio de 2019.

En cuanto al destino del bien, el concejal del Grupo Popular ha denunciado que “se desconoce completamente para qué se compra, a qué se va a dedicar cuando se compre y, por tanto, cuánto va a costar la reforma, así como cuánto costarán el

mantenimiento y el personal de los servicios que allí se presten y que tendrán que estar reflejados en los presupuestos municipales futuros”, estimando que la compra y la reforma del edificio podrían costar al Ayuntamiento 11 millones de euros.


En este sentido, Alberto Reina ha recordado que “no se ha realizado ninguna memoria económica, ni para su adquisición ni para su futuro uso”, reconociendo que “es muy difícil inventarse una memoria económica que se ajuste a un proyecto del que se desconoce cuál será su uso futuro”.

Una circunstancia que, tal y como ha explicado el concejal ‘popular’, se reconoce en tres escritos que constan en el expediente: en el apartado III de la Memoria Justificativa de la compraventa de un bien inmueble “Edificio Banco España” por adquisición directa; en el Informe de SEGIPSA de análisis de unidades de la Agencia General del Estado, donde se reconoce por parte de la sociedad estatal un coste estimado de la obra y la dificultad de amortizar la inversión, así como en el informe de los Servicios de la Gerencia Municipal de Urbanismo donde se señala que no se puede concretar el valor de la rehabilitación mientras no se conozca a que se va a dedicar el edificio.


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