La Audiencia Provincial de Ciudad Real juzgará a partir del miércoles, 5 de mayo, a un hombre acusado de haber abusado sexualmente de una mujer en 2018, con la que mantuvo relaciones sexuales sin su consentimiento, para el que el fiscal pide una pena de cinco años de prisión.

Según se indica en el escrito de calificación de la Fiscalía, los hechos se remontan a diciembre de 2018, después de que el acusado, de 44 años y natural de Gambia, y la víctima se conociesen esa noche en un bar de Ciudad Real, en el que estuvieron conversando y consumiendo bebidas alcohólicas.

Después, cuando la víctima se disponía a regresar a su domicilio caminando por la calle para coger un taxi, el procesado la siguió dándole alcance.

A partir de ese momento, la mujer perdió la conciencia de lo que sucedió en los minutos siguientes, en los que fueron en el taxi hasta un hotel en el que el procesado se había registrado la tarde del día anterior con otro nombre, según explica en su escrito el fiscal.

Asimismo, mantiene que una vez en la cama de la habitación del hotel, el procesado aprovechó el estado en que se encontraba para abusar sexualmente de ella pese a que le dijo en reiteradas ocasiones que no quería mantener relaciones con él.

El encausado le pidió que le hiciera una felación, a lo que ella se negó, y cuando se disponía a penetrarla sin preservativo, la mujer le dijo: “sin condón no", tratando de quitárselo de encima, a la vez que le repetía que la dejase, a pesar de lo cual la penetró en varias ocasiones, aunque por miedo a la reacción del agresor no se resistió, "esperando que terminase para poder marcharse", según el relato del ministerio público.

El fiscal considera al acusado, que está en situación irregular en España, autor de un delito de abuso sexual por el que pide una pena de cinco años de prisión, que puede ser sustituida por su expulsión del territorio español conforme a lo dispuesto en el artículo 89 del Código Penal, señala el ministerio público, que apuntado también que no podría regresar a España en un plazo de 8 años contados desde la fecha de su expulsión.