La Junta de Personal Docente de Cantabria abandona los grupos de trabajo en los que, desde hace más de un mes y junto con representantes de la administración, venían analizando los planes de contingencia de colegios e institutos. Esta decisión también ha sido compartida por el Comité de Directores de Secundaria, que nos ha anunció la semana pasada su intención de abandonar estos grupos de trabajo.

Desde la Junta recuerdan que el objetivo de estos grupos de trabajo no es sólo de analizar la labor que los centros han realizado para hacer frente a la pandemia en los centros educativos, sino de negociar las mejoras que sean necesarias para hacer de ellos entornos más seguros y con más calidad educativa.

El objetivo principal de estos grupos de trabajo era detectar problemas, si los hubiera, y buscar soluciones. Pues bien, los problemas se han detectado, pero quien tiene la obligación de solucionarlos, en este caso la Consejería de Educación no ha movido un dedo para ello. Tras más de un mes de trabajo hemos constatado que se repiten los mismos problemas: ratios elevadas por encima de las recomendaciones del Ministerio de Educación y de las autoridades sanitarias nacionales e internacionales, incumplimiento de la distancia de seguridad de 1,5 metros, sobresaturación de trabajo de las personas coordinadoras COVID, necesidad de introducir profesionales de enfermería escolar que asuman las responsabilidades sanitarias que ahora hemos contraído los docentes, necesidad de dar soluciones al tema de la ventilación antes de la llegada definitiva y cada vez más inminente del mal tiempo, etc.

La Junta de Personal Docente, a la vista tanto de la actitud que en general tiene la consejera Lombó como de la dinámica de los grupos de trabajo, que están siendo objeto de una manipulación interesada en la que participando en dichos grupos se crea una imagen de diálogo y negociación engañosa, ya que no se ajusta a la realidad. Por este motivo, ante la inoperancia y pasividad de la Consejería por buscar soluciones a estos problemas que pueden tener consecuencias sanitarias imprevisibles, la Junta de Personal Docente está estudiando tomar otro tipo de iniciativas para forzar a la Consejería a que deje de escurrir el bulto y no descarta denunciar la situación de los centros ante la Inspección de Trabajo e incluso solicitar el cierre de alguno de ellos.