El alcalde de Valderredible asegura que "nunca" ha inducido "a nadie a que se empadrone" en el municipio

Fernando Fernández no vio justificación para actuar por denuncias de irregularidades

Fernando Fernández Valderredible

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 15:24

El alcalde de Valderredible, Fernando Fernández (PRC), ha explicado que no abrió ningún expediente tras las denuncias y comunicaciones remitidas entre 2014 y 2017 al Ayuntamiento por supuestas irregularidades en el padrón municipal porque no tenía "ninguna razón de peso" para hacerlo, pues tras varias "pesquisas" concluyó que era "evidente" que los vecinos en cuestión "vivían habitualmente" en las pedanías referidas y consideró por tanto que no era "necesario" hacerlo.

"Yo nunca he inducido a nadie a que se empadrone por un principio ético" ha alegado además el regidor regionalista este martes en la primera sesión del juicio celebrado contra él, a raíz de una denuncia de un concejal de la oposición (PSOE) que le acusó de un supuesto delito electoral en concurso con otro por prevaricación administrativa por omisión.

Fernández, que desde 2005 dirige Valderredible con mayoría absoluta, se enfrenta a un año de cárcel, diez de inhabilitación especial y multa de 5.400 euros que pide el fiscal, acusado también de supuestos excesos en obras realizadas en varios inmuebles de San Cristóbal del Monte, sin licencia o no amparadas por ésta.

En la vista, que proseguirá este miércoles, ha manifestado que "desde el principio" fue "consciente" de que las personas que presuntamente figuraban censadas de forma irregular en Riopanero (seis, cuatro de ellas familiares entre sí) y San Andrés de Valdelomar (otras cuatro) vivían "habitualmente" en las casas en cuestión.

"¿Cómo no voy a saber yo quién vive" allí?, se ha preguntado el alcalde de Valderredible, el más extenso de Cantabria y uno de los mayores de España, con 305 kilómetros cuadrados, más de medio centenar de pueblos y cerca de mil habitantes tras el descenso de población experimentado en los últimos años.

En el juicio  ha explicado que tras recibir los escritos en el Consistorio habló con las cuatro personas empadronadas en San Andrés y también con el alcalde pedáneo y el secretario de la Junta Vecinal, y todos ellos le corroboraron que vivían en la localidad y que los escritos presentados no tenían "ningún fundamento", de ahí que se limitara a las "pesquisas indagatorias".

 Fernández ha relatado que  lo primero que hizo fue contactar con una de las involucradas, concejala del PRC y censada desde la década de los 90, que le aseveró igualmente que los escritos no tenían "fundamento" alguno y que obedecían a una "inquina personal" por parte de los denunciantes, con los que tenían problemas desde hacía tiempo.

Fernández, que ha achacado la denuncia a "rivales políticos", también del PP, abordó además el asunto con el alcalde pedáneo y optó igualmente por no incoar procedimiento por escrito porque "todas las evidencias me confirman que viven allí". "Deduje que no era necesario abrir un expediente exhaustivo", ha insistido.

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