Más de 800.000 trabajadores de la Administración Pública se encuentran en una situación de fraude de ley, debido mayoritariamente a la concatenación de contratos como temporales, cuando en la mayoría de los casos les hubiese correspondido la fijeza. Por los micrófonos de COPE Canarias ha pasado Manuel Martos, abogado laboralista y representante de un trabajador público que después de concatenar contratos durante 23 años ha conseguido que un Juzgado de lo Social de Santa Cruz de Tenerife le haya reconocido la fijeza, tal como adelantó CanariasAhora.com.

Sobre este asunto ha explicado que su cliente unió varios contratos “de uno, dos y el último fue de ocho años, aunque siempre teniendo carácter temporal”. Es por ello por lo que, una vez que consiguieron que se le reconociese la categoría de interino no fijo, se optó por demandar a la Administración Pública canaria –en concreto a la Consejería de Transición Ecológica– argumentando que sus funciones eran de personal fijo y que el cliente de Martos “había realizado un proceso selectivo, donde se habían respetado los principios de igualdad, mérito y capacidad, pero no ocupó una plaza de funcionario porque la Administración no la sacó”.

“UN ENCHUFADO” NO PODRÁ SER FUNCIONARIO

El proceso de regularización que ahora han planteado algunos sindicatos y algunas plataformas de empleados públicos ha conllevado que muchos se pregunten si se va a hacer funcionarios a profesionales que entraron a la Administración por “amistades” o para cubrir un determinado puesto, pero sin pasar nunca por un proceso selectivo.

Según Martos, estas personas, las conocidas popularmente como “enchufadas”, solo podrán optar “como mucho a acabar como interinos no fijos, pero no a la fijeza, esto es, a ser funcionarios, porque para eso siempre será necesario el haber superado un proceso de concurrencia competitiva”. Así, “quien ocupe la plaza deberá irse a la calle”. No obstante, Martos matiza que tras la sanción de Europa “todas las administraciones públicas, sin excepción, deben sacar a concurso todas las plazas”.

El Gobierno de Canarias y el comité de huelga de los empleados públicos afectados por el abuso de temporalidad han acercado posturas y han firmado un principio de acuerdo para resolver este problema en torno a los trabajadores públicos; se trata de la primera comunidad en España en hacerlo. Este principio de acuerdo ha provocado la desconvocatoria de las movilizaciones.