Intersindical Canaria ha denunciado este jueves la "inhumana situación" de los centros de mayores intervenidos por el Servicio Canario de la Salud por la propagación del COVID-19, de la que ha responsabilizado, pidiendo su dimisión, a la consejera regional de Derechos Sociales, Noemí Santana, y ante la que ha pedido que actúen de oficio la Fiscalía y el Defensor del Pueblo.

Para el sindicato, además del "abandono y la falta de realización de test PCR periódicos" que han quedado evidenciados tras estas intervenciones, se suma "la falta de personal cualificado y la ausencia de las más mínimas normas estructurales y de equipamiento, que condicionan la deficitaria cobertura de las necesidades básicas e instrumentales que padecen los mayores" en estos centros.

La organización achaca esta situación "a las graves deficiencias" que presentan "los servicios sociosanitarios públicos y a la nula acción fiscalizadora de la Administración.

"Este mal inhumanamente estructural, no solo lo fundamentamos en la mala praxis de algunas residencias privadas de la tercera edad, sino que es el resultado de un abandono institucional de las administraciones públicas, últimas responsables de la situación", y que han "permitido el lucro de empresas de aparcamiento de personas mayores, lógicamente acreditadas e incluso homologadas y subvencionadas, sobre las cuales no se aplica control e inspección alguna", asevera el sindicato en un comunicado.

Por ello, Intersindical Canaria insta al Defensor del Pueblo y a la Fiscalía a actuar de oficio para propiciar que "los poderes públicos erradiquen este tipo de prácticas y sancionen legalmente a los centros que no cumplan la normativa establecida, vulnerando los derechos humanos, previniéndolo, además, con el debido control periódico".

A juicio de esta organización, "urge establecer un plan de choque que aborde las graves deficiencias de los servicios sociosanitarios públicos en Canarias, en situación de verdadera emergencia, que en unos momentos tan delicados como el marco de una pandemia, ha sido dejada por la consejera responsable, de la mano de algunas organizaciones con conducta empresarial criminal, consentida y bendecida desde el propio Gobierno" regional