La viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez ha anunciado que la petición de movilidad voluntaria de funcionarios ha pasado a forzosa porque no se ha cubierto la cifra de personal necesario para reforzar las consejerías gubernamentales.

Así, la viceconsejera ha explicado que en un primer momento empezaron con la movilidad dentro de su propia consejería a pesar de las graves de carencias de personal que tienen, pero ya no alcanzan la cantidad de personas necesarias y será Administraciones públicas quién designe de manera forzosa a los funcionarios públicos que van a trabajar de manera puntual en el servicio.

Uno de los motivos por lo que no han encontrado funcionarios es porque no tiene la preparación y desconocen dos aplicaciones muy sencillas que utilizan en la consejería de Derechos Sociales y por este motivo, Gemma Martínez ha descrito que han montado “unos cursos de formación online de una hora para que la gente pueda teletrabajar”.

Uno de los trámites que necesitan más personal es el del Ingreso Canario de Emergencia, Martínez ha declarado que a día de hoy hay 30 funcionarios y han pedido en torno a 75 más, como mínimo.

“Tenemos 250 operadores en el 012 para recibir las llamadas y necesitamos alrededor de 100 funcionares para dar fe de las llamadas y hacer las gestiones en nombre del solicitante”.

En este sentido, Gemma Martínez ha detallado que hay voluntad del Gobierno de Canarias de que el Ingreso Canario de Emergencia salga y se pondrán a los funcionarios necesarios para tramitarlo este mes, que es cuando va a estar vigente, y que al final de mayo esté todo solucionado.

Sistema de gestión innovador

La viceconsejera ha manifestado que este sistema es garantista, novedoso y permite agilizar. Está diseñado para que con una llamada al 012 una persona sin presentar ningún papel, ni presentarse físicamente para firmar una solicitud pueda hacerlo a través de un funcionario que va a actuar en su nombre y este método “se puede exportar desde Canarias al resto del territorio español”.

Sin embargo, aunque no se pidan papeles, los datos se verifican porque han creado un sistema de intermediación con bases de datos estatales y regionales (padrón, hacienda, tributos, …) con hasta 15 datos distintitos de las personas y “si alguien ha mentido lo vamos a encontrar y tendrá que devolver la cantidad que ha cobrado”, ha aseverado.

Para finalizar, Gemma Martínez ha indicado que han estimado que este ingreso va a llegar a 38.000 unidades familiares, unas 100.000 personas que a priori no tendría que pasar de la ficha de 16 millones de euros que han consignado pero “si alguien tiene derecho no se le va a dejar atrás”, ha asegurado.